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La justicia argentina se encuentra en un momento particularmente delicado: el Gobierno pretende llamar a elecciones populares para integrar el consejo de la magistratura.
Una de las funciones de este consejo, fundamental por cierto, es determinar eventuales sanciones para magistrados o agentes del Ministerio Público.
En este momento, el consejo en la Argentina está integrado por profesionales que participan de un concurso de méritos.
Es oportuno señalar que los jueces federales son inamovibles desde su mismo nombramiento, a diferencia de Paraguay, donde luego de cuatro años de ejercicio deben ser ratificados o removidos del cargo.
Se puede mencionar como fortaleza del modelo argentino que los jueces no están pendientes del poder político para lograr su ratificación. Se deben al ejercicio de la magistratura y son menos vulnerables a los vaivenes de la política.
Ahora se tiene el riesgo de que una elección popular se convierta en una herramienta para lograr injerencia política en un ámbito del cual la Argentina puede sentir orgullo, como son sus jueces federales.
En este momento, los jueces federales no tienen inconvenientes en fallar en favor de empresas paraguayas cuando surgen acusaciones de contrabando por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Otro obstáculo
Para colmo de males, el gobierno de Cristina Kirchner logró una ley a su medida con la prohibición a los jueces de imponer medidas cautelares contra el Estado.
De este modo, el Estado logra impunidad absoluta en aquellos casos en los que los funcionarios son responsables de excesos, en ejercicio de medidas administrativas.
La AFIP puede imponer medidas contra el transporte terrestre paraguayo sin que se puedan interponer medidas cautelares porque se trata de una institución gubernamental.
En el ámbito de los profesionales del derecho existe un creciente descontento. En Jujuy se realizan paros escalonados en diversos juzgados federales. La amenaza es real para la justicia argentina.
Propietarios de marcas
La AFIP, de la mano de su director, Ricardo Daniel Echegaray, se convirtió en una herramienta de propietarios de marcas instalados en Buenos Aires.
La AFIP realiza las intervenciones, verificaciones y emplazamientos a cargamentos que vienen a Paraguay desde Chile.
Se convierte en juez y parte en un proceso legal que es responsabilidad de las partes directamente involucradas, no así el Estado argentino que sí tiene injerencia en velar por el cumplimiento de acuerdos internacionales que garanticen el tránsito terrestre de mercaderías.
De acuerdo a las leyes argentinas, los propietarios de marcas deben litigar y son responsables del pago de indemnizaciones e intereses en caso de resultar falsa la denuncia.
Para evitar el pago a empresas paraguayas si la denuncia es falsa, entonces utilizan a la AFIP como mecanismo de control; la administración federal es un tentáculo de intereses particulares.
Las empresas paraguayas de transporte, mientras tanto, deben lidiar con las arbitrariedades que surgen en los recintos aduaneros del “hermano” país.
Preocupación en provincias
El tráfico comercial paraguayo con Chile tiene una importante influencia económica en las provincias de Formosa, Salta y Jujuy. A lo largo de las rutas que cruzan estas regiones con dirección a Chile existen un sinnúmero de pueblitos que están pendientes del comercio que gira alrededor del tráfico paraguayo.
La Ruta 81, por ejemplo, une las provincias de Formosa y Salta. Esta vía utilizan los transportistas en su camino a Paso de Jama. Disminuir el tránsito significa menos dinero.
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