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Tal como ya es habitual en las últimas sesiones ordinarias del Senado, en el orden del día de ayer figuraban varias ampliaciones y ajustes del presupuesto 2017, en total 13, de las cuales se trataron 11 y se postergaron dos por falta de dictámenes.
Las instituciones beneficiadas fueron el MOPC, Patrulla Caminera, con un monto de G. 6.518.946.655; la Corte Suprema de Justicia, G. 59.387.817.580; el Gobierno Departamental de Presidente Hayes, G. 5.744.180.109; la Senavitat, con G. 48.132.864.278; la AFD, G. 262.040.000.000, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ANDE por G. 9.195.458.426.
También recibieron ampliación la Senatics, con G. 2.905.360.407; la Dinatran, G. 4.355.626.534; la Universidad Nacional de Villarrica, G. 2.100.000.000; la Universidad Nacional de Pilar, G. 3.988.000.00, y el Ministerio de Salud Pública con G. 171.749.524.445.
La ampliación para el Ministerio de Salud no contaba con dictamen de la Comisión de Hacienda, por lo cual, reglamentariamente, no se podía tratar. Pero como se trataba de un ajuste para la desprecarización de personal contratado que pasará a permanente, el pleno resolvió constituirse en comisión.
Ante las críticas de algunos legisladores, la senadora Mignarro dijo que la falta de dictamen de algunos proyectos se debía a la ausencia de la mayoría de los integrantes a las reuniones de la comisión.
La legisladora puntualizó también que la ola de ampliaciones y modificaciones de presupuestos de varias instituciones se debe a la necesidad de ajustar los números del presupuesto 2016 a la realidad del 2017.
Destacó que en la mayoría de los casos, el Ejecutivo pide reponer partidas que la comisión bicameral de presupuesto previó en su estudio y que, con el veto total, desaparecieron.
“Había sido que hicimos un buen trabajo y no hacía falta un veto total, sino que con uno parcial era suficiente”, dijo la senadora.
Agregó que evidentemente el único afán del Ejecutivo era tener más dinero en bonos.