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El senador Carlos Amarilla desestimó la versión de que hay un incentivo económico para quienes están ahora en contra del juicio político, señalando que no le constaba tal situación.
Apuntó que la cuestión de fondo a analizar era la conveniencia de crear vacancias en la Corte Suprema de Justicia en un momento en el que existe una transición en ciernes en el PLRA.
“Esta historia (el juicio político) nació como una componenda entre (Horacio) Cartes y (Blas) Llano, que en una mesa bien regada resolvieron el fusilamiento de cuatro ministros con el claro propósito de repartirse dos y dos lugares”, afirmó.
Amarilla señaló que se bloqueó en su momento esa intención y que por fuera de ese acuerdo se logró la designación de Myrian Peña. Sin embargo, dijo que por más que se plantee ahora hacer uno a uno los juzgamientos de los otros tres ministros, posiblemente se produzcan las vacancias simultáneas, lo cual facilitará el cumplimiento del pacto “Llano-Cartes”.
Indicó que la continuidad de los cuestionados ministros actuales es “un mal menor” ante el riesgo de que se concrete el cuoteo y ellos se salgan con la suya.
Rechazan acuerdo
Por su parte, el senador Julio C. “Yoyito” Franco dijo que el respaldo al juicio político a los miembros de la Corte fue una decisión del directorio del PLRA, luego de un amplio debate, por lo cual no tiene sentido decir que fue fruto de un acuerdo entre dos personas. Indicó que quienes ahora piden revisar esa decisión deberán conseguir el respaldo de dos tercios de votos del Directorio.
Sobre la versión de que se ofrece dinero para este cambio de postura, Franco dijo: “Es lo que la gente comenta, ojalá que no sea así, prefiero creer en la honorabilidad de los correligionarios”. Refirió también que los cambios en la Corte no solo son acompañados por el PLRA sino por las organizaciones de la sociedad civil, los analistas y la ciudadanía en general.
Apuntó que entre los fiscales acusadores inclusive hay diputados del PLRA que defenderán esa postura.
Bajac, Blanco y Garay Z.
Las acusaciones en contra de los ministros de la Corte Suprema Óscar Bajac y Sindulfo Blanco (PLRA) y de César Garay Z. (ANR), se aprobaron en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014. El juicio político quedó parado desde ese entonces en el Senado, debido a la falta de consenso político.
Sobre Bajac y Blanco pesan acusaciones de fallos por fuera de la ley y nepotismo. En tanto, Garay Z. es acusado de ser responsable de una excesiva e irritante morosidad judicial.
Además, se les acusa a los tres ministros de la Corte de haber mentido para acceder a sus cargos ya que dijeron que su periodo de mandato duraba 5 años para luego obrar para ser declarados inamovibles.