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El marido de la subcontralora general de la República, Édgar Villalba, logró concretar sospechosos contratos para trabajos de consultoría en municipalidades y gobernaciones del país, que curiosamente, en algunos casos, luego recibieron la visita de auditores de la Contraloría.
La contratación de Villalba –que de por sí ya podría estar encuadrado en un caso de conflicto de intereses– formaría parte de todo un esquema que se habría montado en el ente contralor, supuestamente para sopesar los impactos de las auditorías que realizaba la institución donde una de las principales autoridades era la subcontralora, Nancy Torreblanca, esposa del consultor contratado.
Entre los contratos más jugosos logrados por Villalba está el de la Gobernación de Alto Paraná, que fue firmado en agosto de 2012, cuando la institución estaba a cargo del hoy senador colorado Nelson Aguinagalde.
Según los registros de la Dirección de Contrataciones Públicas, Villalba fue contratado –por concurso donde fue el único oferente– para realizar trabajo de consultoría a un costo de G. 300.000.000. Curiosamente, en diciembre de ese mismo año, cuatro meses después de la contratación de Villalba, la Contraloría General de la República decidió realizar un examen especial a la gobernación paranaense, pero solo a construcción de aulas. Ese mismo año también facturó G. 70.000.000 a la Gobernación de Itapúa, y el siguiente año fue contratado por la Gobernación de San Pedro en G. 130.000.000. Estas dos últimas no fueron auditadas.
Entre las municipalidades se puede citar a Yby Yaú, que contrató a Villalba por G. 12.000.000, y la Municipalidad de José Leandro Oviedo, en G. 70.000.000.
Nuestras fuentes señalan que si de todas formas se hacía la auditoría, se buscaban informes a medida acordando con auditores. Pero hubo casos en que la repartija no habría alcanzado a todos y salieron informes lapidarios.
Quiere zafar de juicio
La subcontralora Nancy Torreblanca está realizando un intenso lobby para zafar del juicio político que se le inició en el Congreso. Torreblanca alega que no tiene responsabilidad en el descalabro de la institución. Sin embargo, firmó varias planillas para pago de horas extras irregulares, y ahora también se la vincula con la existencia de una supuesta rosca para recaudar. El juicio se inicia el próximo 19 de agosto.