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El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, presentó ayer el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, acto en el que asistieron líderes de los pueblos originarios y los responsables de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Ladislaa Alcaraz, titular de la SPL, recordó que hay 19 lenguas indígenas habladas en Paraguay, las cuales se encuentran distribuidas en cinco familias lingüísticas: Guaraní, Mataco, Maskoy, Zamuco y Guaicurú.
La población indígena asciende a aproximadamente 120.000 personas, según datos del último Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas.
La ministra mencionó la importancia de este esfuerzo en favor de la protección de las lenguas originarias, atendiendo a que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción.
“En nuestro país, seis de las 19 lenguas indígenas se encuentran en riesgo de extinción, y de todas ellas la lengua Guaná es la catalogada en estado crítico, ya que cuenta solo con cuatro ancianos hablantes de este idioma nativo, que son también los depositarios de este tesoro cultural del pueblo”, expresó Alcaraz.
Camiones para el INDI
Por su parte, la presidenta del INDI, Ana María Allén, informó que el Gobierno invirtió G. 3.000 millones en la adquisición de dos camiones de gran porte, dos vehículos utilitarios, dos vehículos cerrados y dos ambulancias totalmente equipadas.
En relación a las tierras ancestrales, uno de los reclamos recurrentes que las comunidades indígenas traen permanentemente a Asunción, Allén mencionó la firma del decreto de la consulta libre, previa e informada, y citó la devolución de las tierras, después de 18 años, a favor del pueblo Ayoreo Totobiegosode,
Allén pidió a las comunidades apoyar la gestión y agregó que es “posible cambiar la realidad indígena”.
A fines de marzo, el Gobierno acordó con los indígenas de la comunidad Tacuara’i, del departamento de Canindeyú, el levantamiento de la protesta que llevaban a cabo hace un tiempo en Asunción a fin de que retornen a su comunidad. El Ejecutivo prometió a las comunidades una asistencia integral interinstitucional.