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El documento fue presentado por el legislador liberal Amado Florentín, y por los exlegisladores Eulalio Morel y José Gilberto Chamorro, durante el periodo anterior.
Rojas manifestó que es necesario el establecimiento de un plan de subsidio a las familias indígenas.
“Hay que brindarles condiciones de vida estables a los pueblos originarios, para la superación o alivio de la pobreza que afecta estructuralmente y prácticamente a la totalidad de las familias indígenas del país”, agregó.
Se establece en el documento que el Ejecutivo reglamentará la ley, asegurando el cumplimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas, los principios de universalidad, igualdad, discriminación positiva y progresividad de los derechos culturales, sociales y económicos en la distribución del subsidio, y determinará conforme con ellos, los instrumentos técnicos, la clase de subsidio a entregar, los procedimientos de evaluación del programa y su contribución a la superación de la pobreza, así como las metas de desarrollo concurrente a las que se orientarán a las familias indígenas.
El proyecto cuenta con aprobación, en general, de la Cámara de Diputados, pero su estudio en particular fue postergado el 19 de julio del 2012 y de nuevo girado a las diferentes comisiones para su estudio y consideración.
En su conjunto, el proyecto de ley adopta una perspectiva más moderna y garantista desde el paradigma de los derechos humanos, que entiende a dicho subsidio como una medida de apoyo para la superación de la pobreza y como parte necesaria de un conjunto mayor de efectiva tarea de reparación histórica.