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Pozzoli es la coordinadora del equipo especial que realizará las investigaciones y proyectos con el fin de detectar las irregularidades y poner fin a las mismas, expresa la resolución 233/2014 suscrita por el procurador Roberto Moreno Rodríguez.
El equipo deberá proponer acciones concretas y efectivas para analizar la situación de las víctimas de la dictadura, con el fin de obtener soluciones y evitar así indemnizaciones injustas y una aplicación incorrecta de la Ley 838/96 y sus modificatorias.
La resolución argumenta que reiteradas modificaciones de la citada ley hizo que el derecho originario que tenía fecha cierta de reclamo, es decir, hasta 30 meses después de haber sido sancionada la ley, pase a ser imprescriptible.
Esa situación hizo que surgieran posibles irregularidades, como también el dictado de resoluciones de la Defensoría del Pueblo fuera de los límites legales establecidos para otorgar la indemnización prevista en la ley.
Agrega que ante ese escenario proliferaron los reclamos presentándose personas sin legitimidad de hecho para acceder al beneficio indemnizatorio, pero que ante la permisividad de la ley fueron beneficiadas.