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Menciona el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia que documentó la desaparición forzada de al menos 336 personas. “La mayoría de estas desapariciones forzadas siguen sin ser esclarecidas, los culpables no han sido llevados ante la justicia y las víctimas y sus familiares no han recibido la reparación adecuada”, expresa Amnistía.
Menciona que a pesar de que Paraguay ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estado paraguayo “sigue sin aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada”.
Señala al respecto que para aceptar la competencia de dicho comité, Paraguay debe realizar de manera urgente la declaración necesaria, prevista en los artículos 31 y 32 de la Convención.
De esa manera individuos y organizaciones podrían reclamar violaciones a los derechos establecidos en la Convención ante el Comité. Inclusive, abriría la posibilidad de reclamos interestatales.
“Es necesario que Paraguay acepte la competencia del Comité para que se pueda examinar si se violan los derechos establecidos en esta Convención”, dice AI.
Recuerda que la sistemática y generalizada desaparición forzosa de cientos de personas es un crimen de lesa humanidad.