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Duros cuestionamientos lanzó ayer el diputado por el PLRA Eusebio Alvarenga contra la fiscala de delitos económicos Victoria Acuña.
La representante del Ministerio Público imputó el pasado jueves al diputado liberal Édgar Acosta por el supuesto delito de “administración el provecho propio”, en el que incurrió cuando se desempeñaba como presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) (2008-2012).
“Se trata de un terrorismo de estado, no tengo otros términos con qué calificar. Si hoy emana una resolución contra un miembro de un órgano constitucional, el día de mañana va a emitir orden contra un ministro de la Corte Suprema de Justicia, contra el Presidente de la República” cuestionó el legislador.
Dijo que Acuña no respetó el debido proceso y demostró ignorancia supina al solicitar la detención de un legislador.
“Si nosotros confirmamos de la lectura de los documentos contenidos en la carpeta de investigación fiscal, que se dictó lisa y llanamente (orden de captura) a la velocidad supersónica sin imputación, sin comunicación a la Cámara, en definitiva es un terrorismo de estado; tenemos la obligación como Parlamento de actuar en consecuencia”, insistió.
Adelantó que la situación que afecta a su colega será debatida en la reunión de bancada, y en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados prevista para mañana, plantear al pleno asumir una postura al respecto.
Al ser consultado qué es lo que planteará, en forma irónica respondió que no van a actuar como la fiscala “no vamos a emitir orden de captura”, pero acotó que van a utilizar los resortes constitucionales y legales que corresponden utilizar.
“Si detectamos esas irregularidades... si tenemos acceso a esa orden de captura lógicamente vamos a obrar en consecuencia”, acotó.
Dijo que lo que corresponde es denunciarla ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Yo puedo convocar a 5 o 10.000 personas para luchar contra una barbaridad así, pero tenemos los resortes legales para obrar en consecuencia, y eso vamos a hacer”, acotó.
Acosta fue imputado por la fiscala Acuña por beneficiar supuestamente a allegados durante su administración en la INC.