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En su libro “Periodismo de Investigación en el Paraguay” el periodista Nelson Zapata escribe que dicha serie “es considerada como el primer trabajo de Periodismo de Investigación que apareció en nuestro país, aunque otros teóricos sostienen que las denuncias realizadas por Rafael Barret (1876-1910) sobre la explotación de los mensús y el modo de vida en los yerbales ya pueden considerarse como precursoras del Periodismo de Denuncia y del Periodismo de Investigación en el Paraguay”.
El periodista Ramón Casco Carreras, entrevistado por Zapata, dijo: “La serie revelaba que, a escasos 200 kilómetros de Asunción, en pleno siglo XX, además de la feroz dictadura, subsistía una suerte de régimen feudal, en el que el cañero era sometido a un verdadero régimen de vasallaje por el propietario del ingenio azucarero. No pretendo decir que nuestros compatriotas se anticiparon a Berstein y a Woodward (los periodistas que destaparon el caso Watergate), pero sí estoy convencido de que, en el peor de los casos, se merecen el título de precursores del Periodismo de Investigación del Paraguay”.
De acuerdo con el periodista e historiador Luis Verón –cuya opinión está incluida en el libro de Zapata– “tal fue el impacto de la publicación que las autoridades se vieron forzadas a intervenir en la zona y fueron eliminadas, por ejemplo, las famosas ‘zonas de influencia’, que les impedían a los cañeros vender su producción a otros ingenios; también se eliminó la Comisión Mixta, que fijaba el precio de la caña de azúcar (el precio se establecía por decreto del Poder Ejecutivo)”.
El proyecto del decreto se redactaba en el despacho del ministro de Industria y Comercio, cuyo titular era el Dr. Delfín Ugarte Centurión. Uno de los directivos de la Comisión Mixta me había confesado que los ingenios tuvieron que pagar veinte millones de guaraníes (una elevada suma entonces) por el decreto de la suba del precio al consumidor. “Lo que nos indignó –me dijo el citado directivo– fue que el ministro se puso a contar el dinero delante de nosotros”.
La “zona de influencia” se refería a los cañaverales ubicados dentro de 20 kilómetros a la redonda de cada ingenio. Los propietarios no podían vender su producto a nadie que estuviera más allá del límite fijado por decreto. Con esta medida las fábricas se aseguraban la materia prima. Lo más común era que se procesara mucho menos de la producción, lo que significaba que los cañeros se quedaban con el resto.
Tenían muchas otras formas de robar a los productores. Por ejemplo, permitían que en cada carreta se transportaran solo mil kilos. Si tenían 1.200 o 1.300, la diferencia quedaba gratis a la fábrica. Con esta salvajada –le llamaban multa– cientos de miles de kilos quedaban a favor de los ingenios al final de cada zafra.
La otra consecuencia de la serie, favorable a los cañeros, fue el fortalecimiento de la entidad que los nucleaba. “Sus dirigentes –recuerda Zapata en su libro– se trasladaban hasta Asunción para reunirse con los periodistas en la redacción de ABC Color, por el estado de terror que imponían ‘los patrones’ en las zonas cañeras. Con las publicaciones se dieron cuenta de que había sido que tenían derechos”.
En su citado libro, Zapata reproduce la primera nota de la serie “Amarga caña dulce”, con el título de “El silencio de los cañeros”, del que copio el siguiente párrafo:
“Del primer contacto con los cañeros de Carovení surgió el cuadro con el que –con asombrosa exactitud– habríamos de encontrarnos en casi todas las otras zonas cañeras. El mismo drama es representado por cada uno de los agricultores: el miedo, la pobreza, la enfermedad, la incertidumbre en la venta de su producto, el endeudamiento a cuenta de la próxima cosecha, el debilitamiennto de su fortaleza moral ante algunas proposiciones. Y todo tiene una causa: el deseo de obtener el cupo para vender su caña dulce. Este cupo es la obsesión de los cañeros puesto que de su obtención depende su existencia. El sistema de distribución de cupos, y todas sus aberraciones morales y económicas, también merece una nota aparte en la que brindaremos detalles sobre este aspecto vergonzoso para los ingenios y humillantes para la dignidad del hombre”.
Finalmente, ¿cuánto ha mejorado la situación de los cañeros desde la primera nota de “Amarga caña dulce”?
alcibiades@abc.com.py
Cuarenta prostíbulos
1979. “La prostitución en Hernandarias” fue la serie de notas de este año. La actividad incluía no solo a las mujeres del oficio, también a las autoridades locales y regionales que sacaban una buena suma de los prostíbulos, apretujados en una manzana a pocas cuadras del centro urbano. Entonces no era la ciudad que es hoy. Tenía una calle principal de tierra a cuyos costados se levantaban las casas de madera. Pocas de ladrillos.
Hernandarias comenzaba a vivir la esperanza del desarrollo con las obras hidroeléctricas de Itaipú y sus miles de obreros, lejos de sus hogares. A alguien se le ocurrió la idea de que podrían necesitar de compañías femeninas. Pronto se levantaron 40 prostíbulos con una media de 10 muchachas, de todas las edades, manejadas por conocidas “madamas” que emigraron de Asunción. Estaban dispuestas a poner de sus conocimientos, su experiencia, en llevar adelante el negocio. Diez mil obreros es una cifra fantástica; una oportunidad única para ganar mucho dinero.
Cada una de las cuarenta casillas –no eran otra cosa– servía como escenario de centros nocturnos. De día no funcionaban. Se vendían bebidas alcohólicas y algunas ofrecían música en vivo.
El primer párrafo de la serie expresaba: “Una morena inmensa, contundente, estaba desparramada en un sillón de madera. Llenaba el salón con su mirada, la que se detenía brevemente sobre cada pareja, sobre cada vaso que salía del mostrador, detrás del cual estaba como en un trono. Era Ña Chiní, dueña de “La mariposa”, uno de los más concurridos “centros nocturnos de Hernandarias”.
Del conjunto de prostíbulos salía cada mes más o menos un millón quinientos mil guaraníes (entonces una suma exorbitante), para repartirse entre el titular de la Alcaldía y el director del centro de salud. La esposa del juez hacía negocios estupendos en los prostíbulos desde su vehículo con placa del Poder Judicial.
Para ejercer el oficio, las prostitutas pagaban a la Alcaldía 1.500 guaraníes al ficharse y luego 1.000 guaraníes mensuales; 2.000 guaraníes mensuales al director del centro de salud, por inspección médica que rara vez lo hacía; 1.000 guaraníes a su patrona por cama y comida. Y otros gastos como vestidos y perfumes que pagaban a precio de oro en el negocio de la esposa del juez. No olvidemos que estamos dando cifras del año 1979.
La Pascua Dolorosa
1976. Se conocen como “La Pascua Dolorosa” los trágicos acontecimientos ocurridos en la Semana Santa de 1976. Fueron días de terror encabezados por el comisario Camilo Almada Morel, alias “Sapriza”. Cientos de dirigentes y miembros de las Ligas Agrarias Cristianas, de Misiones, fueron torturados, algunos asesinados y otros desaparecidos. El centro de estos acontecimientos funcionó en la cárcel conocida como Abraham Cue, en San Juan Bautista.
Recién con la caída de la dictadura, en febrero de 1989, la prensa pudo referirse a estos hechos. Con anterioridad existía la prohibición absoluta de publicarlos.
Nunca se sabrá la cifra exacta de las víctimas. Por demasiado tiempo la dictadura los tuvo escondidos. El Ministerio del Interior lanzó un solo “comunicado” que procuró minimizar la acción policial y maximizar la de los campesinos en una supuesta conspiración, junto con un grupo de estudiantes nucleados en la Organización Política Militar (OPM). También los de este grupo sufrieron la reacción desmedida de la dictadura.
De Misiones las fuerzas policiales se trasladaron a otros departamentos con la misma finalidad de castigar sin misericordia a los miembros de las Ligas Agrarias Cristianas, una entidad con la que colaboraban sacerdotes y obispos en la tarea de alcanzar el mínimo de bienestar material y el máximo espiritual.
El atropello policial, que no conoció ningún límite legal, acabó con un proyecto campesino iniciado en los años 60 del siglo pasado y muchos sobrevivientes debieron emigrar.
El caso Caaguazú
1980. El 8 de mayo, en Caaguazú, fueron asesinados 20 agricultores por policías, militares y civiles miembros de la seccional colorada local. Diez de los cuerpos nunca fueron encontrados.
También la publicación de estos hechos fue prohibida por el Gobierno. Recién tres semanas después, a raíz de la opinión de un columnista del diario oficialista “Patria”, ABC color aprovechó la ocasión para desafiar la prohibición.
En la madrugada del 7 una treintena de colonos de Acaraymi salieron en la ruta con la intención de llegar a la capital y presentar sus quejas ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Desde hacía meses la supuesta propietaria del terreno donde trabajaban los colonos, conocida como ña Muky, esposa de un general, quería hacer valer unos derechos que no tenía, pues la propiedad seguía siendo del IBR.
Con frecuencia enviaba a la colonia a soldados armados con la orden de desalojar a los ocupantes. Hastiados de esta situación, cruzaron el río y llegaron hasta la Ruta 7, donde abordaron un ómnibus de pasajeros de la empresa Caaguazú.
Momentos después unos inspectores de la Comisión de Represión al Contrabando desde una camioneta hicieron la señal de que parara el ómnibus. El chofer fue advertido por los campesinos de que no lo hiciese. Uno de ellos hirió con su escopeta –la única arma del grupo– a uno de los inspectores.
Algunos kilómetros más adelante los campesinos se apearon del ómnibus y ganaron la selva. Al amanecer el sitio ya estaba ocupado por policías, militares y seccionaleros, que se dieron a la búsqueda de los colonos. Pronto hubo el encuentro con el referido saldo.
La otra consecuencia fue una larga detención en la Penitenciaría Nacional de los sobrevivientes, entre quienes se encontraban dos mujeres, menores de edad, las que fueron enviadas al Buen Pastor.