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Justo Gamarra, exmiembro de la Junta Asesora del Indert en representación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), confirmó ante la Fiscalía que en la compra de las tierras de la empresa San Agustín se trató una cosa y finalmente salió otra.
De acuerdo con el acta 15 del 27 de diciembre de 2012 de la Junta Asesora, ese día figuraba para el estudio como sexto punto del orden del día el expediente 3795 que correspondía a una oferta de 2.073 hectáreas de las Tierras de San Agustín a un precio de 6.000.000 de guaraníes por hectárea.
Sin embargo, en el acta en el punto donde se aprueba la adquisición figura la aprobación de la compra de 5.742 hectáreas a un precio de 10.500.000 guaraníes por hectárea.
En el acta de esa sesión no figura que se haya planteado un nuevo precio y la adquisición de una mayor porción. Se detalla un extenso relatorio de documentos que se tramitaron dentro del expediente y se concluye con una moción de aprobación planteada por Milciades Duré (PLRA), por entonces ya exgobernador de Cordillera. Este justifica la compra “a fin de darle fin a un conflicto de hace mucho tiempo, regularizar la situación dentro; porque existe la necesidad y las urgencias impostergables” (sic).
Acto seguido se deja constancia de la aprobación sin objeciones. En ningún lado se aclara que se estaba planteando la compra de las 5.000 hectáreas a 10.500.000 guaraníes cada una.
Admitió alteración
En su declaración ante la fiscalía, Gamarra admitió esta situación y su responsabilidad al firmar sin leer el acta de la sesión. Explicó que originalmente se hablaba de 2.000 hectáreas a 6 millones de guaraníes y no de las dimensiones y los montos que finalmente quedaron como aprobados en el acta de la Junta. “El acta siempre se labra treinta días después y yo firmé. Ya no lo leí y en la última hoja está la valuación de diez millones y medio de guaraníes por hectárea. No me inhibo de responsabilidad, tenía que haber leído”, admitió.