A Benítez Rickman, cónsul honorario de Costa Rica, también lo acusa de “pyragüereato” contra un obrero que finalmente perdió la vida en salas de tortura.

Cuenta en su escrito que el escribano Benítez Rickman, en 1976, junto con los comisarios inspectores Angel Mario Ali y Victorino Oviedo, se constituyeron en el Seminario Mayor del Paraguay, a los efectos de levantar un inventario de libros de orientación marxista. Señala que el escribano procedió “manu militari” a confiscar de la biblioteca entre otros libros: “La filosofía de Carlos Marx”, del autor R.C. Want; “El pensamiento de Carlos Marx”, de Jean Yves Valves; “Marxismo y existencialismo”, de Jean Paul Sartré; “Introducción al existencialismo”, de Emanuel Mounier; “Respuesta al comunismo”, de Douglas Hyde; “Filosofía del comunismo” de Charles J.M.C. Tadden; “Totalitarismo, comunismo I, Totalitarismo, Nacional socialismo y foquismo, marxismo, existencialismo, personalismo” de Jean Acroix; “Conceptos elementales de materialismo histórico” de Marta Herneker, entre otros, dice Almada.

También obra en el Archivo del Terror “el pyragüereato del escribano titular del registro número 100 en perjuicio de un obrero supuestamente comunista (sastre) que trabajó en la Intendencia del Ejército. Presumo que como consecuencia de la tortura perdió la vida”, apunta.

Actualmente, el escribano se desempeña como cónsul honorario “del país más democrático de América Latina: Costa Rica”.

Almada pide que los acusados devuelvan a la biblioteca del Seminario Mayor todos los libros entonces secuestrados, al mismo tiempo de pedir intervención de la Fiscalía General para el esclarecimiento de estos delitos de violación de los derechos humanos. Y que se solicite, previa comprobación de la denuncia, a la Corte Suprema de Justicia la cancelación de la matrícula profesional de ambas personas.

Estos pedidos lo hace con “ruego de que el expediente no termine en manos del fiscal stronista Edgar Sánchez, quien blanqueó impunemente los bienes malhabidos de Goli Stroessner en el caso del asesinato de mi esposa Celestina Pérez de Almada”. Solicita igualmente enviar una copia de la actuación a la Comisión de Derechos Humanos de ambas cámaras parlamentarias, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Costa Rica.