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La grabación hecha pública hace unos días donde dos personas, que se presumen dirigentes del interior, sostienen que debe haber muertes el 26, para repetir los sucesos de marzo del 99, la oportuna denuncia de supuestos ajusticiamientos hecha por la senadora Desirée Masi y que después se supo fue falsa; o la calculada visita de los senadores luguistas a los huelguistas del caso Curuguaty para forzar una declaración del Senado, van sumando elementos que hacen presumir que más allá de los reclamos gremiales, hay una intención política detrás de la movilización.
Informes de inteligencia del Gobierno hace semanas vienen advirtiendo de esta situación que hasta hace poco parecía poco creíble.
Esta situación obligó al Gobierno y al Partido Colorado a trabajar para restar fuerza a las movilizaciones, pero sobre todo para tener un sustento político amplio de cara al futuro. Desde al menos hace una semana la presidenta del Partido Colorado mantiene reuniones diarias con gremios de distintos sectores explicando la situación y escuchando los reclamos. Hasta ahora los encuentros tuvieron resultados favorables. Varias asociaciones estatales hicieron saber que no se adherirán a la huelga.
En paralelo, el propio Presidente de la República intensificó sus encuentros con distintos sectores de la sociedad. En la semana se reunió con casi todos los partidos de representación parlamentaria y puso a todo el gabinete a disposición.
Los liberales y el P-MAS de Camilo Soares fueron los dos únicos grupos políticos que no accedieron a la invitación presidencial. Cada uno tuvo motivaciones distintas.
El P-MAS no quiso comprometer su perfil de izquierda y quedar pegado al oficialismo a días de una huelga general. No estaban disconformes con la convocatoria, la coyuntura les impidió aceptar.
En el caso de los liberales, la explicación viene por otro lado. Es una mezcla de enojos particulares de dirigentes liberales y de cierto rigor formal. Como sea, el Jefe de Estado encontró el camino para quebrar la negativa liberal.
Si bien el PLRA institucionalmente no aceptó la invitación, a mitad de semana todos los intendentes liberales estuvieron con el Mandatario en la residencia presidencial discutiendo detalles para armonizar la tarea municipal con las necesidades del Poder Ejecutivo. No fue casualidad que Líder Amarilla, del riñón de Blas Llano, haya sido el intendente que encabezó la reunión. No es ninguna novedad la afinidad que tiene Llano con el Jefe de Estado. Todo hace suponer que en esta coyuntura nuevamente le dio una mano para salir del paso.
Más allá de las reuniones políticas, el Jefe de Estado también inició una ronda de visitas a grupos organizados o a sectores donde la pobreza golpea con fuerza. El Mandatario parece haber empezado a reatar su compromiso con los electores sabiendo que cuando la presión política se cebe sobre el Ejecutivo, el respaldo estará en la ciudadanía.
La visita el pasado jueves a un asentamiento manejado por los principales referentes de los sintechos no fue una acción fortuita. Fue una decisión calculada, sabiendo perfectamente que este sector es uno de los que más mueven gente a la hora de la movilización. El encuentro tuvo el resultado esperado. Los dirigentes asumieron el compromiso de no acompañar la huelga. Podrá haber algún grupo que asista, pero el grueso de la tropa estará desactivada.
La presencia de Cartes ayer en San Pedro, uno de los departamentos más pobres y donde la capacidad de movilización es importante, también responde a las necesidades de la coyuntura. Todo apunta a desinflar la movilización del 26 de marzo, no tanto por la cantidad de gente que pueda convocar, sino sobre todo por las consecuencias políticas que podría tener si las cosas de desbordan.
Por ahora, el Gobierno parece estar logrando su objetivo. La huelga parece perder fuerza, pero este apenas es el primer escenario de un año que presenta altos niveles de conflictividad que irán en aumento a medida que se acerquen las internas partidarias. El contacto de Cartes con la gente y la reactivación de las visitas al interior pretenden crear el blindaje que el Ejecutivo necesita para ese tiempo que se acerca.