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CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Las acusaciones contra Urbieta Cáceres son por supuestos hechos de lesión de confianza y otros, cometidos en la administración municipal. Otra denuncia es por desacato judicial, por incumplir una sentencia que lo obligaba a entregar información pública.
Algunas de las acusaciones fueron presentadas a la fiscalía por ciudadanos que encontraron contradicciones entre los balances presentados por el jefe comunal.
Por ejemplo, supuestamente Urbieta Cáceres hizo figurar como deudores a quienes hace años ya habían cumplido con los compromisos por la compra de inmuebles municipales, pero en el activo aparecían bienes que ya no estaban bajo dominio de la municipalidad.
Otra de las acusaciones es por presunta transferencia irregular de fondos entre cuentas que pertenecen a la municipalidad de Concepción. Se detectó que la Comuna transfirió fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a cuentas que operan con recursos genuinos de la institución, lo cual está prohibido por ley.
Asimismo, entre las demás denuncias en su contra la mayoría son por lesión de confianza y apropiación, que fueron impulsadas por exfuncionarios. Estos, al tratar de retirar sus aportes de la Caja de Jubilaciones, no fueron encontrados los fondos.
También el concejal municipal Héctor González (PLRA) denunció a Urbieta por coacción grave, debido a que no le paga su dieta y gastos de representación. Es el único que no percibe su remuneración.
Además, desde el 15 de octubre de 2018 ciudadanos indignados que piden la renuncia del jefe comunal, así como la intervención de su administración, vienen realizando continuas manifestaciones de protesta.
En la mañana de ayer, el intendente Alejandro Urbieta Cáceres se presentó en el Palacio de Justicia de Concepción para su audiencia de imposición de medidas ante la jueza María Petrona De Giacomi, por el caso de la denuncia por desacato judicial, por el hecho de no haber entregado información pública a la periodista Claudia Fischer.
Dicha magistrada impuso medidas alternativas al jefe comunal, que son fijación de domicilio, caución de los abogados por valor de G. 20.000.000, obligación de presentarse a las audiencias, entre otras. El intendente señaló que se someterá a la justicia en todos los casos en que se lo denunció.