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El senador Pereira dijo que suponía que el organismo ante quien la ANR presentó las carpetas de firmas, o sea el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), está haciendo las verificaciones correspondientes.
Sobre las irregularidades que están surgiendo en las planillas por la aparición de nombres de los datos y firmas apócrifas de algunos ciudadanos o la presencia de fallecidos y extranjeros, el legislador dijo que corresponde a las instituciones pertinentes tomar decisiones sobre ese punto.
Sin embargo, Pereira indicó que la iniciativa del oficialismo, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con los mecanismos utilizados para la recolección de las firmas, está amparada en la iniciativa popular, prevista en la Constitución, en el artículo 123.
El legislador dijo que el Frente Guasu (FG) considera que la enmienda es una figura constitucional que debe ser tratada en el Congreso y recordó que, de hecho, durante el periodo del presidente Fernando Lugo realizaron una campaña de recolección de firmas que fue presentada en el Congreso y “lastimosamente” rechazada. No quiso recordar el parlamentario que las firmas presentadas por los luguistas estaba también plagada de irregularidades al igual que los colorados oficialistas.
Pereira desestimó que haya un acuerdo político entre Lugo y el oficialismo en torno a la reelección.
Por otro lado, justificó las posturas disímiles que existen en torno al tema entre Lugo y los demás senadores del FG. Lugo no tiene una pertenencia directa a ninguno de los partidos que integran el FG y anunció que mantendrá en forma coherente su posición en contra de la enmienda que ya manifestó en agosto pasado, según el legislador opositor.
Una historia repetida
A fines de junio de 2011, es decir, a mitad del periodo presidencial de Fernando Lugo, algunos partidos de la alianza que llevó al poder al Mandatario concluyeron una campaña de recolección de firmas a favor de la reelección y presentaron cerca de 100.000 en el Congreso. La revisión minuciosa de dichas firmas reveló que muchas de ellas eran apócrifas, correspondían a personas fallecidas o eran de personas que nunca habían dado su consentimiento. La iniciativa finalmente fue rechazada por amplia mayoría en el Parlamento.