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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una cuestionada ONG que desde hace años lucra con las licencias de conducir expedidas por todas las Municipalidades del país, sigue metiendo mano en el bolsillo del contribuyente.
Para reemplazar a la ONG en el 2014 se creó la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial cuya dirección fue encargada a Justo Pastor Benítez, un antiguo funcionario de la Opaci.
El ente supuestamente se encargaría de atender todas las cuestiones tendientes a lo que a vialidad se refiere, incluyendo la expedición de licencias de conducir, una tarea que debía realizar en coordinación con los Municipios.
Para cumplir con su misión, en agosto del 2016 el organismo adquirió de la empresa WiComm SA cuyo representante legal es Jorge Prieto Campos, un software (programa informático). El costo fue de 600.000.000 de guaraníes.
Con esta adquisición se debió superar la excusa que hasta ese momento se tenía para seguir dependiendo de la Opaci, cual es que la misma tiene en exclusiva el software con la base de datos de los titulares de las licencias de conducir.
Sin embargo, nada de esto ocurrió. Al contrario, la organización no gubernamental que en estos momentos es manejada por la pareja integrada por la intendenta colorada de Ybycuí, María del Carmen Benítez, y el diputado Ever Rivas, encontró en la expedición de licencia única de conducir un nuevo jugoso negociado.
El organismo comenzó a firmar acuerdos interinstitucionales con los municipios y se impuso como proveedor de los equipos de impresión de las licencias y los insumos. Para asegurar aun más el negocio , adquirió un nuevo software a un costo de G. 593.434.350.
Una fuente aseguró que los equipos se venden a los municipios a un precio mucho más elevado que el que se cotiza en el mercado. Una máquina de la marca Evolis que estaría costando como mucho G. 9.000.000 y la Opaci vende a las municipalidades en G. 12.500.000 y más. Además, el organismo hasta ahora sigue cobrando G. 10.000 a través de las municipalidades, a cada contribuyente del país por la expedición, anulación o renovación de licencias de conducir, un ingreso que solo en el 2015 significó para la ONG un total de G. 17.000 millones.
El Congreso en marzo pasado aprobó la modificación de la Ley 5016, con lo que se buscaba poner fin a dicho lucro.
Sin embargo, la normativa hasta ahora no fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sigue varada en la Cámara de Senadores con la excusa de que todo está parado por el incendio.