Afirman que “no obligaron” a firmar

Los Ministros de la Función Pública, Humberto Peralta; de Salud Pública, Antonio Barrios; y de la Secretaría de Acción Social (SAS), Héctor Ramón Cárdenas, respondieron a la Comisión Permanente que no obligaron a sus funcionarios a firmar las planillas a favor de la enmienda para incluir en la Constitución Nacional la figura de la reelección presidencial.

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Los titulares de las mencionadas carteras del Estado dicen desconocer que la recolección de firmas pro reelección haya sido de carácter obligatorio para sus funcionarios. Asimismo, alegan “desconocimiento” de que la campaña de firmas se haya dado en sus instituciones.

La Comisión Permanente había aprobado uno de los seis pedidos de informe que requerían detalles sobre la campaña promovida por el cartismo. La Función Pública respondió al órgano del Congreso que no tuvo conocimiento de la circulación de planillas en apoyo a la reelección y que tampoco ha recibido denuncias al respecto, salvo las publicaciones en los medios de comunicación.

En el informe, la Comisión Permanente consulta si es una obligación para los ministros del Poder Ejecutivo, directores, presidentes de entes así como para el Secretario de la Función Pública cumplir con la Constitución Nacional, y Peralta responde que además de ser una obligación, así también pueden ejercer sus derechos.

El ministro había entrado en contradicciones el 4 de enero al señalar inicialmente que las planillas no deberían estar en las instituciones. En horas de la tarde salió a decir que las firmas realizadas por los funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, “sino actividades cívicas”.

El ministro Barrios a través de una nota de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud dirigida al vicepresidente de la Comisión Permanente, Arnoldo Wiens (ANR - disidente), señala que “desconoce totalmente” que dentro de la institución se hayan proveído planillas a favor de la reelección, como también que dicha recolección de firmas haya sido de carácter obligatorio.

Añade que en ningún momento han recibido denuncias al respecto. Mientras que el titular de la SAS afirma que no ha dado autorización verbal ni escrita a sus funcionarios.

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