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Duarte, consultado por nuestro diario, dijo que el artículo 284 de la Constitución le otorga al contralor las mismas inmunidades que a un magistrado judicial. El artículo 255 dice que ningún magistrado será procesado por sus opiniones y no podrá ser detenido o arrestado salvo que sea encontrado en flagrante delito, en cuyo caso deberá ser comunicado el hecho a la Corte.
Según Duarte, de estos artículos se infiere que no hace falta el desafuero del contralor y subcontralora y los mismos pueden continuar en sus cargos mientras son sometidos a proceso. Consideró que la Constitución es clara en cuanto a que tienen inmunidad de palabra y de arresto, pero no de proceso, como es el caso de los parlamentarios.
Sobre el juicio político que le iniciará la Cámara de Diputados a ambos funcionarios, Duarte dijo que es un trámite que corre por cuerdas separadas.
Apuntó que la diferencia es que, en un proceso judicial ordinario, para que una persona sea condenada, se debe seguir una serie de procedimientos hasta llegar al juicio oral, que tiene un rigor probatorio.
En tanto, en el juicio político, los congresistas pueden concluir que existen hechos o circunstancias suficientemente claras de que hubo, por ejemplo, mal desempeño de funciones, más allá de que no se haya probado la existencia de un hecho penal en sus conductas.
Indicó que, políticamente, el juzgamiento tal vez es menos riguroso que el proceso por el cual los legisladores, como representantes del pueblo consideran que la persona acusada ha perdido la confianza para seguir ejerciendo el cargo que ostenta. El exlegislador insistió en que la inmunidad de la que gozan el contralor y subcontralora no es completa, como la de los legisladores. Por eso, consideró que pueden ser procesados directamente, en caso de que el fiscal encuentre los méritos para el efecto.
Indicó que el hecho de que la Justicia Ordinaria haya decidido el procesamiento es un elemento más que suma en la consideración del juicio político.
Destacó también que, en caso de prosperar el juicio político y ser destituidos ambos funcionarios, el proceso penal debe continuar, ya como ciudadanos comunes, sin ninguna inmunidad. El resultado puede ser la culpabilidad o inocencia, pero en caso de no probárseles ninguna culpa, eso no les habilitará a volver a sus cargos, ya que se trata de cuestiones distintas.
Duarte consideró también que, si bien el Congreso puede tratar el desafuero y el juicio político, por una cuestión práctica, debería definir el juicio y, en el caso que decida separarlos de sus cargos, ya no tendrían inmunidad y podrían ser procesados por la Justicia.
Dos trámites en una sesión
El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, confirmó que en la sesión ordinaria del miércoles tratarán, como se había fijado, los libelos acusatorios contra el contralor Óscar Rubén Velázquez y la subcontralora Nancy Torreblanca, por mal desempeño de funciones. Igualmente, dijo que, si la comisión de Asuntos Constitucionales dictamina en relación al pedido de desafuero contra ambos funcionarios, solicitado por el Poder Judicial, también es casi un hecho que se tratará en la misma sesión. Sobre la opinión de Marcelo Duarte y otros juristas, de que no es necesario el desafuero, Velázquez dijo que se verá lo que dice la comisión, aunque consideró que, habiendo un pedido judicial, lo deberían tratar.