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El diputado Ovelar, uno de los principales impulsores del proyecto de ley de extinción de dominio (conocida como ley antinarco) consideró ayer que en el Senado algunos de los intervinientes o sus asesores incurrieron en una tremenda confusión entre lo que significan “confiscación de bienes” y “comiso”.
Apuntó que justamente la ley de extinción de dominio se llama en otros países “ley de comiso sin condena”.
El legislador dijo que la confiscación de bienes consiste en la apropiación arbitraria por parte del Estado de bienes de un particular. Agregó que, en el caso del proyecto de extinción de dominio, se habla del procedimiento de comiso en relación a los beneficios que un delincuente recibe por la comisión de un delito.
Señaló que el anterior Código Penal, de 1910, ya hablaba del comiso y en el Código Penal de 1997 también define esta figura, al igual que en la ley contra el narcotráfico.
Ovelar dijo que ahora, durante el estudio en el Senado, por motivos que no alcanzaba a entender, algunas personas confundieron el comiso con la confiscación. Apuntó que nadie va a ser tan necio de hablar de confiscación en una ley, siendo que el artículo 20 de la Constitución vigente elimina esta figura de nuestro ordenamiento legal.
El diputado colorado indicó que, con esta ley, se busca aplicar de manera operativa el comiso.
En cuanto al temor de que una persona sea castigada antes de ser condenada, Ovelar mencionó el caso de una persona prófuga de la justicia que jamás va a ser condenada porque en nuestro país no se admite la sentencia condenatoria en rebeldía. Sin embargo, con esta ley, sí se podrá hacer.
Aclaró que deberá haber una condena dentro del procedimiento especial que establece esta ley. Al respecto, puntualizó que el afectado goza en este proceso de todas las garantías aún estando en rebeldía e inclusive un recurso extraordinario de revisión, luego de la condena. Indicó que la diferencia es que no se trata de una sentencia penal sino especial, en el marco del procedimiento de extinción de dominio.
Ovelar dijo que evidentemente algunos legisladores no tuvieron tiempo de leer todo el proyecto, a pesar de que tiene solamente 60 artículos y por eso opinan que no existen garantía del debido proceso y que es inconstitucional. Apuntó que esperaba aportes importantes de parte del Senado.