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Explicó que la situación constituye un fraude porque toda afiliación requiere la firma del solicitante y sostuvo que por ética jamás se afilió a alguna agrupación política.
Apuntó que el empadronamiento sin el consentimiento del elector constituye una “producción inmediata de documento públicos de contenido falso”, penada en el artículo 250 del Código Penal.
No obstante, señaló que cada uno de los miles de casos debe ser investigado por la Fiscalía y sostuvo que no se encuentra en sus atribuciones investigar las denuncias.
“Este tema no es nuevo, desde que ingresé al TSJE hubo varios casos”, apuntó Cristaldo al recordar que en el pasado dictaminó hábeas data a personas que denunciaban nunca haberse afiliado a algún partido.