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El análisis de la mencionada ONG expresa que durante los últimos diez años el país ha sido testigo de lo que pareciera ser un incremento de la conflictividad social, reflejado en diversos hechos y situaciones, como el asesinato de dirigentes campesinos vinculados a la lucha por la tierra, ataques de un grupo armado, varios secuestros, violencia juvenil en las escuelas y canchas de fútbol y en la inseguridad ciudadana, entre otros.
Señala que las desigualdades tienen como base una cultura de la negación del otro, que se traduce en la desvalorización y el desprecio a características propias de quienes son diferentes: campesinos, indígenas, jóvenes y pobres.
“Las desigualdades tienen como principal consecuencia la violación de los derechos humanos: a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social, a las libertades políticas, entre otros. No es de extrañar, entonces, la emergencia de sentimientos de frustración, manifestaciones que reivindican derechos y hasta conductas anómalas y violentas”, expresa.
Señala que para hacer frente a esas desigualdades y a la inestabilidad social y política que se genera en ellas, los países han implementado, básicamente, dos tipos de estrategias: una dirigida a las causas, que pone énfasis en las políticas públicas que buscan disminuir la desigualdad, ampliando la cobertura de programas sociales y económicos y mejorando la calidad; la otra ataca las consecuencias, que privilegian políticas de seguridad que tratan de reprimir las diversas formas en que la conflictividad social se manifiesta.
Según el análisis, el Estado paraguayo pareciera que viene llenando el vacío que deja el Estado social con un Estado punitorio y represor donde, en lugar de solucionarse con la vigencia de los derechos fundamentales, las consecuencias de las profundas desigualdades acumuladas por décadas se castigan aún más con “represión y prisionización”.
El análisis hace una serie de comparaciones de inversión pública en diversas áreas sociales y que las mismas son insuficientes para disminuir las desigualdades y exclusión social.
Menciona que el gasto en el año 2012 es el resultado de años de aumento del gasto en áreas que poco contribuyen a erradicar las causas de la desigualdad y la pobreza, y que, por el contrario, podrían estar contribuyendo a empeorar la situación de desigualdad. “Lo peor es que no estamos aprendiendo de estos resultados y vamos a cerrar el año 2013 con la misma estrategia para solucionar problemas cuyas respuestas están en las políticas sociales y de generación de empleos y no en la militarización ni la prisionización”, concluye.