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Los integrantes de esta organización señalan que el recorte del presupuesto para el sector salud constituye un claro atentado contra los derechos adquiridos de la ciudadanía, sustentados por la declaración de derechos de la propia Constitución Nacional y revela las contradicciones de un gobierno que promete disminuir las desigualdades, pero que no invierte en la gente.
Afirman que el presupuesto de gastos para el sector salud debería incrementarse por lo menos en un 20% por año, respecto al piso de G. 3,9 billones del año 2013, para llegar a una inversión de al menos US$ 500 per cápita para finales del presente periodo de gobierno y alcanzar parámetros parecidos al promedio de la región.
Exponen que en la actualidad, la inversión per cápita del Estado oscila en alrededor de US$ 150, muy por debajo de lo que invierten otros países que además detentan una mayor presión tributaria en comparación al exiguo 13% en el Paraguay.
Resaltan que el presupuesto público para el sector salud experimentó un incremento sustancial entre los años 2007 y 2013, permitiendo avances hacia el universalismo, la integralidad y la equidad en salud.
Esos avances se tradujeron en la eliminación de la barrera arancelaria para el acceso a servicios de salud de al menos 2 millones de personas que viven en territorios donde el Estado estuvo ausente por décadas.
También menciona el aumento de número de camas hospitalarias y de camas para cuidados intensivos, el acceso a procedimientos de alta complejidad como los trasplantes, la desprecarización salarial y formalización del empleo de al menos cinco mil trabajadores de la salud y la reducción relativa de indicadores vergonzosos de mortalidad, como la materna y la infantil, que se habían mantenido estáticos también por décadas. Advierte que con el citado recorte sería imposible completar la brecha actual para llegar a 2.000 camas hospitalarias, 300 camas de terapia intensiva, 1.300 unidades de salud familiar y 125 policlínicas de especialidades para responder a las necesidades de las personas.