“El tiene un problema de nacimiento. El doctor me dijo que es porque vivimos debajo del cable”, dijo María Teresa Marín mientras lavaba la ropa en un balde al costado de su precaria casa de chapa y madera. “Víctor, vení un rato”, grita y de la habitación donde estaba mirando la tele con su hermanito aparece el pequeño.

“El doctor me dijo que él tiene una infección ahí donde le sale las lágrimas (infección de las glándulas lacrimales) y cuando le aprieto así le sale pus del ojo”, continuó. Con el dedo apretó los párpados de su pequeño y salió un líquido amarillento. El caso del pequeño Víctor Luis Blanco, de 6 años, es solo uno más de los varios niños que sufren distintos tipos de afecciones y que viven en los asentamientos precarios denominados “Cable guy”, ubicados en la jurisdicción de San Lorenzo y Luque.

Son alrededor de 1.000 familias que hace más de 10 años algunas y otras de épocas más recientes se asentaron debajo de la línea del tendido de alta tensión. La mayoría fue llevada allí por políticos en medio de campañas proselitistas.

Luis Navarro tiene tres años y hasta ahora no habla y demuestra signos de retraso. Sus padres José Navarro y Cirila, asustados por el problema del pequeño, se tras- ladaron a otra casa, pero solo a unos metros del tendido. “El médico nos dijo que tenemos que salir de ahí, que el problema que tiene nuestro hijo ya es consecuencia de vivir bajo el cable”, relató Cirila.

Nider Pereira tiene 23 años. Hace 10 años se mudó con su madre a una casa debajo del tendido. “La particularidad es que después de seis meses de vivir en este lugar él comenzó a tener problema de epilepsia. Tiene 25 años y no puede trabajar. En INPRO me dijeron que tenemos que salir de debajo del cable para que pueda seguir su tratamiento y curarse. Nosotros queremos salir de aquí, pero no tenemos dónde ir. Ya vendí todo lo que tengo para que se cure, pero no mejora”, dijo la madre Ilda Benítez.

La preocupación por las posibles consecuencias en la salud aumenta cada vez más entre los pobladores, pero la mayoría vive en condiciones de extrema precariedad. Son desempleados y no tienen adonde ir. Como siempre aparecen algunos avivados que se aprovechan de la situación y comercian con la necesidad de la gente. Sobre todo los dirigentes políticos de San Lorenzo, quienes boicotean cualquier intento de organización para que la gente salga del lugar. Aunque parezca increíble, los terrenos en la ocupación precaria se venden. Existen avivados que aparecen con supuestos títulos de propiedad y les venden los lotes.

Carlos Torres, de la organización Base para el Desarrollo Social (Badeso), sostiene que la solución tiene que partir de un acuerdo conjunto entre la ANDE y los moradores.

“La solución que nosotros estamos discutiendo con la gente es plantearse abandonar el lugar, pero hacerlo en forma conjunta y total y llegar a un acuerdo con la ANDE para que despeje el lugar y cierre el perímetro para evitar que nuevos pobladores marginales se ubiquen en el lugar. Además, facilitar la mudanza de esta gente porque son gente muy pobre”, señaló; sin embargo, advirtió que el grave problema con el que tropiezan es la inconsciencia y la manipulación de los políticos de los alrededores que se meten en el lugar y dicen a la gente que no es peligroso y que nadie les va a sacar de ahí.



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