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Albino Ferrer (ANR, Cartista) gobernó San Lorenzo por 12 años y renunció el 20 de febrero último ante una inminente intervención municipal por parte de la Cámara de Diputados.
El otrora jefe municipal fue denunciado por daño patrimonial en miles de millones de los contribuyentes con obras fantasmas; construcciones mal hechas y el presunto desvío de royalties y el Fonacide de Itaipú.
Los concejales que aceptaron su renuncia dijeron que no buscaron “blanquearlo” y presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la denuncia cajoneada.
Reacciones
El concejal Freddy Franco (PLRA), uno de los ediles denunciantes, urgió a la Fiscalía “tomar el caso en serio” y amenazó con escraches contra la fiscala a cargo Natalia Fúster.
“Un intendente no puede quedar impune y más si se demuestran hechos de corrupción”, dijo. Agregó que también urgen el informe final de la Contraloría General de la República, presidida por Camilo Benítez, cuyos fiscalizadores no pudieron auditar el municipio durante seis años por resolución judicial.
Franco anunció que la semana entrante ampliarán su denuncia contra Ferrer por empedrados fantasmas en la calle Estrella del Sur, en el barrio Kokuere.
Fonacide
Según la Contraloría, Ferrer usó G. 8.485 millones del Fonacide en el 2013, sin llamar a licitación. Además, en 2011 la CGR solicitó la intervención de la Municipalidad a la Cámara de Diputados y al Ministerio del Interior, porque Ferrer no respaldó gastos por G. 12.573 millones. Con base en un informe, fue procesado por la presunta compra fraudulenta del polideportivo Osaka, pero la Fiscalía no hizo su trabajo en forma y quedó impune.
Otra denuncia es el incumplimiento de contrato por parte de contratistas por obras pagadas con el Fonacide, en el 2017. La falta de fiscalización permitió empedrados fantasmas.
Niegan pacto de “impunidad”
Días atrás el gobierno de turno firmó un pacto abdo-carto-llanista con el argumento de aprobar en la Cámara de Diputados y de Senadores una reforma tributaria. Sin embargo, el acuerdo tenía “tufo” a pacto de impunidad, acusación que fue desmentida por el oficialismo y el llanismo. Uno de los diputados cartistas firmantes del acuerdo fue el cartista Néstor Ferrer, hijo del exintendente Albino Ferrer, quien se encuentra investigado por la Fiscalía. Otro que casualmente fue blanqueado tras el pacto es Javier Zacarías Irún (cartista).