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Integrantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) visitaron ayer a la mañana al vicepresidente Hugo Velázquez, en ejercicio de la Presidencia. Óscar Vicente Scavone informó que están preocupados por la deuda de 154 millones de dólares del Ministerio de Salud Pública con el sector.
Informó que hace más de un año están negociando sin éxito con el Gobierno (de Cartes y de Mario Abdo Benítez). Alertó que puede producirse un desabastecimiento en el sistema de salud pública. “Hemos tocado el aspecto de la deuda del Ministerio de Salud. Llevamos un año de conversaciones y negociaciones, tanto con esta administración como la anterior. Siguen sin dar una solución efectiva a la industria, que a esta altura necesita”, expresó Scavone, en declaraciones a la prensa.
Sobre el pago de la deuda, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, afirmó días atrás que aún no está definido el sistema de pago, ya que se están manejando varias posibilidades, una de ellas es seguir usando el propio presupuesto, aunque no entró en detalles sobre la posible salida que adoptarán. Indicó que otra opción es un pago en cuotas directo con proveedores. “Hay ajustes que se pueden hacer al pago de la deuda convencional”, expresó el ministro.
Exasesor de Cartes
Scavone fue asesor ad honorem de Cartes durante su gobierno. Sin embargo, ayer cuestionó duramente a la exministra de Hacienda Lea Giménez. Comentó que en su momento la ahora exsecretaria de Estado “se dedicó sistemáticamente a trabar todo tipo de acuerdos y poner todo tipo de trabas”. “Mentira, no hubo ninguna predisposición política para solucionar este problema”, respondió, aludiendo a ella.
Scavone reconoció que con el gobierno de Mario Abdo Benítez existe “mayor apertura” para solucionar este problema, pero dijo que “hay que concretar”. “Quieren pagar en un plazo de 12 meses; ahora quieren llevar a dos años. El tema es que no hay acuerdo. La industria necesita apoyo, estamos pasando por un momento difícil”, expresó.
Finalmente, comentó que las empresas no pueden demandar al Estado porque quedarían fuera de cualquier proceso licitatorio.