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Elvira Arzamendia, Juliana viuda de Ortega, Ramona Mendieta Galeano, Francisca Sosa Ruiz Díaz, Bernardo Torales y Alfonso Cañete Recalde llegaron a la redacción de nuestro diario y relataron su situación.
Manifestaron que en agosto pasado en la zona de Itauguá fueron censadas unas 2.000 personas adultas mayores, supuestamente para que el Ministerio de Hacienda les abonara una suma mensual para el sustento alimenticio y atención a su salud, atendiendo que por su avanzada edad ya no pueden trabajar.
Sin embargo, al pasar el tiempo y no recibir ninguna notificación del beneficio, recurrieron al Ministerio de Hacienda. Ahí les informaron que esos datos recogidos por una empresa, cuyo nombre desconocen, nunca fueron acercados al ministerio, por lo que esa institución del Poder Ejecutivo no podía abonar dinero alguno.
Ante esa situación, los afectados manifestaron que fueron engañados y creen además que hubo algún tipo de manipulación impulsada por el Ministerio de Hacienda para evitar el pago a las personas afectadas.
Bernardo Torales manifestó que en la zona hay mucha gente adulta que vive en la extrema pobreza y que esas personas, tras ser censadas, quedaron esperanzadas de recibir el beneficio del Estado. Habló incluso de que el censo fue realizado por una “empresa fantasma”.
Por su parte, Alfonso Cañete Recalde dijo que luego del censo recurrieron a la Municipalidad local a preguntar cuándo cobrarían y le dijeron que sería para fin de año. Después le prometieron que sería en el transcurso de este año 2016. Sin embargo, hasta ahora no recibieron nada.
Los afectados exigen que el Ministerio de Hacienda esclarezca suficientemente lo ocurrido con el censo a adultos mayores de Itauguá.
También pedirán a las autoridades pertinentes que aquellos adultos mayores que viven en la pobreza y en la extrema pobreza sean exonerados del pago de servicios de luz y agua. Esto, insistieron, porque la mayoría no cuenta con ingresos de dinero para costear los servicios. La mayoría ya no puede trabajar por su edad y porque sufre de algunas afecciones físicas, explicó Torales.
Mediante la Ley 3728/09, el Estado paraguayo estableció el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza. Es una política de Estado que consiste en una asistencia monetaria mensual, equivalente al 25 % del salario mínimo (poco mas de G. 450.000).