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Ibáñez, que preside la comisión de RR.EE., fue desaforado y está procesado por la fiscalía anticorrupción por los delitos de estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicio de contenido falso y cobro indebido de honorarios.
La acusación fiscal se produjo tras una investigación periodística que verificó que Ibáñez hizo pagar sueldos de funcionarios con fondos de la Cámara Baja a tres personas que hacía trabajar como caseros en su domicilio familiar. Los presuntos funcionarios ni siquiera concurrían al Congreso, es decir que eran “planilleros” fabricados por el legislador para no tener que pagarles el sueldo de su bolsillo. Con numerosas chicanas, los abogados de Ibáñez traban hasta ahora la investigación judicial.