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Diputados, en sesión ordinaria, aceptaron el veto del presidente Horacio Cartes con una ajustada votación de 25 votos a favor de la objeción y 24 en contra. La resolución fue remitida al Senado pero ya es de mero trámite. El texto original fue presentado en 2015 por el cartista Walter Harms, cuando este era líder de la “Bancada B”.
Tadeo Rojas (ANR, cartista), exministro del Interior y titular de la Comisión de Obras, justificó el veto porque la normativa obstaculiza el acceso ciudadano a la telefonía móvil. Además no existe una base de datos de huellas dactilares para comparar el registro ni medidas de seguridad para su almacenamiento. Así también, cuestionaba el plazo de solo 12 meses para obligar a todos los usuarios de todo el país a renovar los contratos de sus respectivas líneas.
El colorado disidente José María Ibañez (imputado), usando un tono casi sarcástico, alabó el proyecto porque serviría para identificar llamadas de fraude desde la cárcel de Tacumbú.
Harms defendió su proyecto. Dijo que le preocupa la facilidad con la que se puede adquirir un chip con datos falsos y una copia de cédula.
Afirmó que incluso la CONATEL lo felicitó en su momento, aunque olvidó que la titular de la entidad, Teresita Palacios, en agosto último recomendó rechazar la ley. Aunque la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay también pidió el veto meses atrás, Harms sin identificar a la firma telefónica dijo que “la principal operadora” del país le aseguró que la aplicación no tendría costo.
Crédito del BID
En otro punto, Diputados sancionaron y remitieron al Ejecutivo el polémico préstamo de US$ 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a programas de consultoría y capacitación en materia de seguridad ciudadana a cargo del Ministerio del Interior. Amado Florentín (PLRA) cuestionó que gran parte del préstamo no se destine a inversiones tangibles.
En mociones sobre tablas, a pedido de María Carísimo (PLRA), la Cámara Baja declaró en situación de emergencia al departamento de Itapúa, por 90 días, ante el temporal que afectó la zona el 1 de octubre último. Al ser declarativo sin incluir puntos presupuestarios, no tuvo objeciones.
Finalmente, Diputados también dio media sanción a la ley que amplía las competencias a los Juzgados de Paz en lo Civil y Comercial y los eleva a la misma categoría de un Juzgado de primera instancia, a fin de dar acceso a la ciudadanía a este servicio.