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El veto será ahora analizado en Cámara de Diputados, pero al no haber sido ratificada la ley en el Senado, la decisión de los diputados tendrá solamente carácter testimonial, dado que las dos cámaras deben coincidir en el rechazo para que la normativa quede firme.
La ley, que ahora será archivada, establecía una serie de exigencias y prohibiciones, como la de que no se podían hacer encuestas telefónicas o por otra vía sino que todas debían ser presenciales.
También disponía, entre otros puntos que las empresas encuestadoras debían estar registradas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Además, se exigía la publicación de las encuestas y el cotejo con los resultados finales.
La ley fue sancionada en la pasada legislativa a iniciativa de legisladores del PLRA y el Frente Guasu y su objetivo, según dijeron era que la ciudadanía tuviera acceso a información veraz y responsable. Además, evita la utilización de estas encuestas como instrumento de propaganda electoral.