Abren sumario a cuestionado escribano

La Corte Suprema de Justicia remitió los antecedentes del escribano Miguel Alberto Bareiro al Consejo de Superintendencia, para que se instruya un sumario por su actuación al darle un poder especial al prófugo de la justicia Darío Messer.

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En la sesión plenaria de la máxima instancia judicial los ministros analizaron lo que ocurrió el pasado 12 de noviembre con el escribano Bareiro, quien recibió en su oficina en el la ciudad de Salto del Guairá a Darío Messer, quien les otorgó un poder a sus abogados Rodrigo Galeano y Leticia Bóveda, para que inicien acciones judiciales en el fuero civil en Asunción.

El viernes los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández y Liliana Alcaraz, se trasladaron hasta Salto del Guairá, para verificar si efectivamente se dio esa protocolización y tomaron una copia de la misma. 

Fue así que se supo que el “doleiro” y “hermano del alma” de Horacio Cartes, fue hasta la escribanía a realizar el trámite sin problemas, pese a que tiene una orden de captura internacional emitida el 3 de mayo de 2018 y reiterada cuatro veces más en los siguientes meses.

Darío Messer es buscado en Paraguay y en el Brasil, como el cerebro de un megalavado de dinero. La investigación abierta en el vecino país ya llevó preso a expresidentes, ministros y otras autoridades que estuvieron ligados al caso Lava Jato, donde Messer surge como uno de los cabecillas.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia quieren saber todos los detalles del acto realizado en la escribanía por lo que se solicitó el sumario, para después tomar una decisión al respecto.

Desde el Ministerio Público los fiscales Fernández y Alcaraz solicitaron que se abra una causa penal contra el escribano Miguel Alberto Bareiro y que se lo impute por no haber dado aviso a la policía de la presencia de Messer. 

Por su parte, los abogados del prófugo señalaron que el escribano Bareiro no cometió ningún hecho irregular al no avisar a la policía de la presencia de Messer. Es más, alegaron que el depositario de la fe pública no tiene obligación de conocer los antecedentes de las personas que piden sus servicios y dieron a entender que no reconoció a Messer como un buscado no solo a nivel nacional, sino que también internacional.

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