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La Corte es la que autoriza la contratación de los abogados, en base a una propuesta del síndico y del juez de la quiebra, quienes en la mayoría de los casos eligen a sus amigos o recomendados. De esta manera se conforma una verdadera rosca que se beneficia con los procesos, en perjuicio de la gran masa de acreedores que nunca pueden recuperar sus créditos.
El ministro interventor de la Sindicatura General, Sindulfo Blanco, durante la plenaria del martes pasado, entregó a sus colegas de la máxima instancia judicial un detallado informe en el que se consignan los nombres de los abogados contratados, los honorarios regulados y los casos que tienen a su cargo, en los diferentes procesos de quiebras de entidades bancarias.
En la edición de hoy divulgamos lo que afecta al BNT, en donde hasta ahora los abogados contratados ya se repartieron más de G. 20 mil millones.
El proceso de quiebra del ex banco obrero está a cargo del síndico Guido Planás, yerno del ministro liberal de la Corte, Oscar Bajac. El juez del proceso es el magistrado del fuero civil Hugo Bécker.
Según el informe que Planás elevó a la intervención, más de 100 letrados fueron contratados por la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores.
Entre los honorarios que más resaltan figura el del abogado Hugo Villalba, que llega a G. 6.967.545.242, con 110 procesos a su cargo. ¿Por qué este letrado tiene tantas causas a su cargo? ¿Tendrá alguna relación de parentesco o amistad con el síndico o el juez? ¿Será recomendado de algún político o el "ahijado" de un ministro de la Corte?
La abogada Gladys Mereles de Narvaja tiene nada menos que 515 causas. Hasta ahora reguló 114 millones de guaraníes. (Ver infografía en donde aparecen los nombres de algunos abogados que más regularon).
En la quiebra del BNT, la coordinadora de aportantes siempre denunció varios hechos de corrupción, ya sea gracias a la complacencia ¿o complicidad? de síndicos, jueces, fiscales y abogados intervinientes.
Es hora de que los ministros de la Corte actúen en serio y pongan fin a la repartija, no solo en la quiebra del BNT, sino en la de las otras entidades bancarias. Supuestamente habría intenciones de "blanquear" a muchos de los involucrados porque presuntamente contarían con la protección de ciertos ministros o influyentes políticos.
El ministro interventor de la Sindicatura General, Sindulfo Blanco, durante la plenaria del martes pasado, entregó a sus colegas de la máxima instancia judicial un detallado informe en el que se consignan los nombres de los abogados contratados, los honorarios regulados y los casos que tienen a su cargo, en los diferentes procesos de quiebras de entidades bancarias.
En la edición de hoy divulgamos lo que afecta al BNT, en donde hasta ahora los abogados contratados ya se repartieron más de G. 20 mil millones.
El proceso de quiebra del ex banco obrero está a cargo del síndico Guido Planás, yerno del ministro liberal de la Corte, Oscar Bajac. El juez del proceso es el magistrado del fuero civil Hugo Bécker.
Según el informe que Planás elevó a la intervención, más de 100 letrados fueron contratados por la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores.
Entre los honorarios que más resaltan figura el del abogado Hugo Villalba, que llega a G. 6.967.545.242, con 110 procesos a su cargo. ¿Por qué este letrado tiene tantas causas a su cargo? ¿Tendrá alguna relación de parentesco o amistad con el síndico o el juez? ¿Será recomendado de algún político o el "ahijado" de un ministro de la Corte?
La abogada Gladys Mereles de Narvaja tiene nada menos que 515 causas. Hasta ahora reguló 114 millones de guaraníes. (Ver infografía en donde aparecen los nombres de algunos abogados que más regularon).
En la quiebra del BNT, la coordinadora de aportantes siempre denunció varios hechos de corrupción, ya sea gracias a la complacencia ¿o complicidad? de síndicos, jueces, fiscales y abogados intervinientes.
Es hora de que los ministros de la Corte actúen en serio y pongan fin a la repartija, no solo en la quiebra del BNT, sino en la de las otras entidades bancarias. Supuestamente habría intenciones de "blanquear" a muchos de los involucrados porque presuntamente contarían con la protección de ciertos ministros o influyentes políticos.