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En 2012, la Contraloría General de la República (CGR) decidió realizar un examen especial a la ejecución presupuestaria de gastos de la Municipalidad de San Lorenzo en el período comprendido entre enero y agosto de 2008.
Durante la auditoría, el ente de control detectó una serie de irregularidades, tales como falta de actualización de registros de las operaciones en los libros de banco, diferencias entre el total de ingreso y el total de gastos ejecutados, duplicación de comprobantes, registro de ingresos en concepto de royalties en un ejercicio fiscal que no correspondía, y varias otras más.
En el marco de esa auditoría, la CGR requirió en varias oportunidades al intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer (ANR, aspirante a la reelección), que remitiera una serie de documentaciones que hacía falta para completar la auditoría y que la Comuna no había presentado.
A pesar de los insistentes pedidos del organismo de control, la Comuna siguió sin entregar dos documentos en particular: una orden de pago correspondiente a la adquisición de equipos de transporte y maquinaria; y actas de recepción de una camioneta y un rodillo vibrocompactador.
Debido a que la Municipalidad encabezada por Ferrer nunca presentó los documentos, la CGR decidió recurrir a la justicia. El entonces asesor jurídico, Roy Rodgers Canas, solicitó una medida judicial por la cual se ordenara a la Comuna que entregara los documentos solicitados en el marco de la auditoría.
En primer momento, el Poder Judicial concedió la medida solicitada por la CGR. Sin embargo, la Comuna, representada por el abogado Héctor Urbano Parodi Molina, presentó una acción de inconstitucionalidad y con esa acción aprobada por la Corte Suprema de Justicia recurrió a un tribunal para solicitar el levantamiento de la medida, algo que también terminó consiguiendo.
Ahora, Parodi Molina pretende conseguir una millonaria suma en concepto de honorarios, según se desprende de una serie de documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
En el escrito por el cual solicita la regulación de sus honorarios, Parodi Molina pretende que la justicia establezca el monto que le corresponde partiendo del monto destinado para los trabajos de programación y reprogramaciones del ejercicio fiscal correspondiente al año 2008.
De acuerdo al documento, ese monto es de G. 44.749.708.028. El abogado basa su pedido en la Ley 1376/88; es decir, pretende percibir, en concepto de honorarios, al menos el 5% de la suma señalada anteriormente.
Para ser más precisos, el abogado de la Municipalidad de San Lorenzo pretende cobrarle al Estado paraguayo al menos G. 2.237.485.401, una cifra que podría ser incluso mayor en caso de que el juez considere que el porcentaje deba ser mayor. Según la señalada ley, se podría llegar incluso al 20% del valor del juicio, aunque el criterio debería ser el de la aplicación de menor porcentaje cuanto mayor sea tal valor. Habrá que ver qué decide ahora la justicia.
Un buen negocio
US$ 2.000 millones. Ese es el monto total de las casi 4.000 demandas que hay contra el Estado paraguayo actualmente, de acuerdo a datos revelados por la Procuraduría General de la República. Demandar al Estado se convierte en un buen negocio para algunos abogados que solicitan a su vez millonarias regulaciones de honorarios en casos extremadamente llamativos y en los que la sospecha de negociado es muy fuerte.
juan.lezcano@abc.com.py