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Saguier dijo que durante su gestión como asesor legal de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de agosto de 2012 a noviembre de 2013, hizo varios dictámenes ante el reclamo de indemnización de parte de personas afectadas por el embalse de la represa, que quedaron sin sus medios de sustento.
Apuntó que su trabajo consistía en analizar los reclamos y recomendar jurídicamente a la entidad cómo proceder. Destacó que dichos dictámenes no eran vinculantes y que la decisión de efectivizar los pagos eran responsabilidad del Comité Ejecutivo de la entidad, encabezado por los directores argentino y paraguayo.
Sobre los tres casos puntuales que salieron a la luz, que significaron una erogación de G. 9.800 millones (más de US$ 2 millones), dijo que seguía pensando lo mismo que escribió en su dictamen. Señaló que él no había ocultado el hecho de que los pedidos de indemnización no se ajustaban ni estaban previstos dentro del marco legal, pero igual recomendó que se tuviera en cuenta una cuestión de “equidad”, tratándose de “cuestiones que involucran aspectos de índole social dentro del marco de la probidad y la igualdad”.
Llamativo
Por otro lado, Saguier dijo que era llamativa la postura que asumen ahora algunas autoridades, como Oscar Thomas, director argentino de Yacyretá, que ordena un sumario presumiendo irregularidades, pero no lo consideró en el momento de firmar las autorizaciones para los pagos.
Indicó también que es sugestivo que el diputado colorado Walter Harms le diga a él que no se escude en el argumento de la “persecución política”, pero que cuando era presidente de la Junta Municipal de Encarnación firmó una resolución que instaba a la EBY a atender el reclamo de los comerciantes afectados por el embalse. Saguier dijo que sorprende que en ese entonces le pareciera justo dicho reclamo pero ahora vea algo irregular en eso.
Por otro lado, Saguier exhibió un documento en el que el entonces intendente de Encarnación y ahora director de la EBY, Juan Schmalko, llegó a un acuerdo con la entidad con relación a propiedades de la municipalidad que fueron afectadas. En dicho acuerdo, en su punto séptimo, se establece el compromiso de la EBY a abonar a la Municipalidad la suma de G. 1.539.079.180 en concepto de “rehabilitación social”, que tampoco figura que está prevista en el marco legal.
El abogado consideró evidente que existe una campaña de desprestigio dirigida en contra de su padre, el senador liberal Miguel Abdón Saguier, debido a la postura crítica y las denuncias que realiza sobre la administración del presidente Horacio Cartes.
Indicó que inclusive había recibido algunas “sugerencias” de decirle a su padre que deje de lado sus cuestionamientos al gobierno, pero apuntó que quienes le dijeron eso no conocen al senador. Sostuvo que no lo harán callar, dado que “Tito” Saguier tiene una trayectoria de lucha y soportó cárcel y persecución durante el stronismo. Sobre la indemnización que recibió de más de G. 139 millones, indicó que es lo que correspondía por despido injustificado.
G. 9.800 millones para tres
Las tres personas indemnizadas por la EBY entre octubre de 2012 y abril de 2013 (en pleno fragor electoralista) fueron la empresa “OK SRL, representada por Gerónimo Ortiz, Ricardo Fleitas y María Eugenia de Fleitas, con G. 3.600 millones; Ana María Cherañuc de Bottger, con G. 2.660 millones, y Carmen de la Cruz Benítez, con G. 3.600 millones. Los pagos se hicieron durante la gestión de Enrique Cáceres, como director paraguayo de Yacyretá, que fue uno de los que dieron su aprobación y firma para que se proceda a los desembolsos.