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El presidente de la República, Horacio Cartes, presentó ayer de tarde una denuncia penal contra el senador Fernando Lugo por usurpación de funciones públicas, al no convocarlo para jurar como senador activo el sábado 30 de junio pasado. La acción judicial la realizó bajo patrocinio del abogado Juan Sosa Bareiro.
Este letrado es también representante legal del oficial 2º Néstor Fabián Cantero Russo, quien, tras el atropello efectuado a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la noche del 31 de marzo del año pasado, afirmaba que el contingente policial actuó sin mediar orden de algún superior. En esa ocasión los antimotines asesinaron al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Cantero Russo aseguró que no hubo orden superior para ingresar al Directorio del PLRA y agregó: “La conclusión desde mi punto de vista, y como ciudadano, es que la policía como función tenía que buscar al que me hizo esto (herida en la cara). Eso llevó a que se ingresara de esa manera al local del PLRA”.
Estas declaraciones las dio el efectivo policial al cumplirse un año del intento de violación de la Constitución Nacional, promovido por los senadores cartistas con la pretensión de realizar una enmienda constitucional y permitir la reelección del presidente Horacio Cartes. Ello provocó la movilización de la cuidadanía, que fue denominada 31M, abreviatura de 31 de marzo.
La marcha culminó con disturbios, la quema del Congreso, atraco al PLRA y la muerte de Quintana.
La versión dada por Cantero, bajo asesoramiento de Sosa Bareiro, fue rechazada por la abogada del suboficial Gustavo Florentín, único imputado por el caso 31M.
Es preciso mencionar que el abogado del PLRA Guillermo Duarte Cacavelos sostiene que existió orden superior para atropellar la sede. Según el cruce de llamadas que se hizo después de la muerte de Quintana, el entonces comandante de la Policía, Críspulo Sotelo, recibió varias llamadas del presidente Horacio Cartes, del asesor de Yacyretá, Luis Canillas, y del gerente de la tabacalera de Cartes, José Ortiz.