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El 4 de octubre de 2005 ocurría el homicidio en la colonia Brítez Cue. La víctima fue Ramón Villamayor.
Al día siguiente, la fiscala Villamayor imputó por homicidio doloso y pidió la prisión de Abente.
Durante la audiencia de imposición de medidas cautelares, el abogado Alberto Escobar Medina pidió al juzgado que su defendido guarde reclusión en la jefatura de Policía de Salto del Guairá, en razón de que el mismo se encontraba enfermo.
Además, señalaba que al permanecer en esa sede policial iba a poder acceder a los medicamentos que le iban a proveer sus familiares.
El 2 de diciembre de ese mismo año, con el acuerdo de la fiscalía y sin participación de la defensa, el juez Flores concedió el arresto domiciliario a Abente.
El principal condicionamiento fue una fianza de G. 30 millones para sus abogados Alberto Escobar y Benedicto Giménez Torres.
“La representante del Ministerio Público, en la audiencia de revisión de medida cautelar, no opone ninguna objeción con relación al pedido formulado por los representantes de la Defensa sobre la aplicación de medidas menos gravosas, teniendo en cuenta que las diligencias aquí realizadas podrían cambiar el rumbo de la calificación inicial hecha en el acta de imputación, como asimismo el grado de reprochabilidad del imputado”, indicaba el juez sobre la posición de la fiscalía.,
Añadía: “Conforme a los planteamientos, el Juzgado encuentra que el mismo órgano investigador recomienda la aplicación de medida menos gravosa, estando conteste con la argumentación dada en la audiencia después de analizar detenidamente la carpeta fiscal en donde consta el cumplimiento de las diligencias esenciales, que evidentemente otorga un perfil diferente al rumbo que tuvo en el proceso inicial, sin que esto represente una calificación legal definitiva. Por estas razones, el Juzgado decide dar curso a la medida planteada por la defensa y la sugerencia dada por el Ministerio Público”, señalaba la resolución del juez Flores.
Las “diligencias esenciales” fueron las declaraciones de cinco “testigos” y una reconstrucción. En todos los casos, se esmeraron en demostrar que la muerte de Villamayor fue un accidente para favorecer a Abente.
Abogados pidieron la revisión de la prisión
Los abogados Benedicto Giménez y Alberto Escobar Medina, en representación del imputado por el asesinato de Ramón Villamayor, Félix Abente Cabañas, solicitaron al juez Silvio Flores la revisión de las medidas cautelares.
Dijeron que su defendido se encuentra recluido en la jefatura de policía de Salto del Guairá desde el 5 de octubre del 2005.
Argumentaron en su escrito que “ha desaparecido el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación, porque ya han declarado ante el Ministerio Público testigos del hecho, que han brindado detalles pormenorizados acerca del hecho, por lo que tampoco nuestro defendido podría influir en modo alguno sobre ellos (sic)”.
También indican que “Félix Abente Cabañas, ingeniero Agrónomo de profesión, se encuentra arraigado en el país, teniendo una familia constituida, residiendo en el barrio Las Mercedes de la localidad de la Paloma. Además es coordinador de la consultora San Blas (sic)”.
Solicitaron reclusión en penal de Cnel. Oviedo
Los abogados querellantes Domingo Barrios y Samuel González Rodríguez, en representación de la viuda de Ramón Villamayor, Nilda Beatriz Rodríguez, solicitaron en un incidente el traslado del lugar de reclusión de Félix Abente de la jefatura de policía de Salto del Guairá al penal de Coronel Oviedo.
En su argumentación indicaron que el imputado “no ha demostrado que esté padeciendo de enfermedad alguna, motivo por el cual solicitamos se comisione al médico forense de esta circunscripción judicial o en su caso al director del centro de salud de Salto del Guairá para que se constituya ante el imputado en su lugar de reclusión y proceda a evaluarlo para dictaminar si corresponde o no que el mismo siga en dicho lugar, con privilegios”.
Además, “el peligro que representa que el mismo esté recluido en la jefatura de policía, porque el mismo podría darse a la fuga, porque posee logística e influencias necesarias (sic)”, enfatizaron los letrados.
Magistrado Silvio Flores fue muy “diligente”
El juez Silvio Flores había decidido el 5 de octubre del 2005 que Félix Abente guarde reclusión en la jefatura de policía de Salto del Guairá, porque el mismo se halla enfermo y por acercamiento familiar, a los efectos de facilitarle los medicamentos.
Posteriormente los abogados defensores de Abente solicitaron la revisión de las medidas, en fecha 3 de noviembre del 2005 a las siete de la mañana. El juez Flores “rápidamente” para las 09:30, ya fijó la diligencia.
Dicha audiencia no pudo realizarse ya que la fiscala Fani Villamayor no asistió.
La diligencia se volvió a fijar para los primeros días del mes de diciembre, y el Ministerio Público se allana al pedido de la defensa y habla de un cambio de calificación.
El juez Silvio Flores concedió el arresto domiciliario a Félix Abente, bajo fianza personal de los abogados, la prohibición de salir del país, prohibición de comunicarse con los parientes de la víctima y la comparecencia mensual al juzgado.
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