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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sancionó y ordenó al Estado paraguayo a indemnizar a los familiares de los niños que perdieron la vida a causa del incendio del correccional Panchito López, en 1996 y 2001.
La Corte consideró que el Estado no protegió el derecho a la vida, garantizado por la Constitución Nacional y los convenios internacionales y le sancionó con una indemnización de 3.659.000 dólares americanos, más 5.000 dólares a la Fundación Tekojoja y 12.000 dólares al Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil) por reposición de gastos de la demanda.
Desde entonces, una serie de recomendaciones se suceden cada año de los organismos internacionales que siguen incluyendo a nuestro país entre los que violan los derechos humanos de los internos, tanto de mayores como de menores.
A pesar de las sanciones y repetidas recomendaciones la situación poco y nada cambió en las penitenciarías de nuestro país.
Una sola visita a cualquier cárcel puede servir, sea a las autoridades paraguayas o defensores de derechos, para ver la situación lamentable en que viven los presos.
Además del hacinamiento que afecta a prisiones como Tacumbú y Ciudad del Este, la alimentación que reciben sigue siendo tan insuficiente que muchos deben buscar la manera de preparar su propia comida. Eso, sin contar el absoluto abandono de la justicia que los deja por años en las prisiones a pesar de cumplir suficientemente sus penas.
La falta de atención sanitaria es otra deficiencia achacable al Estado que debe brindar a los privados de libertad. En el caso de los menores la cuestión es todavía más grave. Estos no tienen la más mínima posibilidad de reinserción por la falta de un plan de trabajo o estudio que les provea de herramientas dignas para vivir en sociedad.
Estas situaciones no variarán mientras las autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo sigan privilegiando a sus correligionarios, liberales en este caso, para entregar la administración de las prisiones a personas que se ocupan más de las recaudaciones que de la atención a los presos.
Fotos: Fernando Romero y Raúl González