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CIUDAD DEL ESTE (de nuestra Redacción regional). La jueza penal de Garantías local Cinthia Garcete Urunaga sobreseyó definitivamente al senador Javier Zacarías y al coimputado Alberto Rodríguez (ANR, HC), exintendente interino, pese al pedido de la Fiscalía de elevar la causa a juicio oral. Esto sería parte de la operación “Cicatriz” entre cartistas y abdistas.
Por otro lado, la jueza benefició con el sobreseimiento provisional a la exintendente McLeod y a los coimputados Carlos Bordón Bottino, dueño de la empresa de maletín Frontera Producciones; Juan Sanabria, exjefe de Prensa de la Comuna; David Espínola, exdirector de Finanzas, y a los hermanos Dora, Gustavo, Lucía y Olga Rojas Espínola.
Eliminó pruebas claves
Para blanquear a los acusados por el millonario perjuicio a las arcas municipales, la jueza Garcete anuló un dossier de pruebas claves presentadas por la Fiscalía, para solicitar el juicio. Fue a pedido de los abogados Ricardo Preda y Cristhian Cabral, defensores del matrimonio Zacarías-McLeod, en la audiencia preliminar.
Los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce se opusieron, pero la magistrada sostuvo que las pruebas anuladas fueron obtenidas de forma ilegal al no contar con autorización judicial y sin la presencia de la defensa para el control.
Garcete alegó que la Fiscalía no atribuyó de forma precisa al senador Zacarías los hechos considerados como una instigación, sino solo expuso un relato genérico de la conducta del cartista.
También anuló completamente la investigación fiscal de los ejercicios 2014 y 2015, al señalar que ese período ya fue juzgado y aprobado por el Tribunal de Cuentas. En ese sentido, Rodríguez, que administró la Comuna en 2015, fue desvinculado. En su resolución de 107 páginas, la Jueza resaltó que los fiscales no presentaron acusación sobre los ejercicios 2016 y 2017, y que solo la gestión de 2018 fue objeto de investigación.
Un año de tiempo
Las diligencias de averiguación no fueron agotadas, por lo que la jueza sobreseyó de forma provisoria a McLeod y los otros citados. Ahora, la Fiscalía tiene un año de plazo para reunir más pruebas y solicitar la reapertura de la causa. Acorde a la acusación fiscal, los investigados eran parte de un esquema que desvío de G. 1.211.285.517 del presupuesto de publicidad de la Comuna, para la campaña electoral del clan Zacarías en las internas de la ANR en 2015 y 2017 y para el expresidenciable cartista Santiago Peña. El fiscal Arzamendia anunció que recurrirán al Tribunal de Apelaciones para solicitar la anulación de la resolución de la jueza Garcete Urunaga.
Extinguió nueva imputación
La jueza Cinthia Garcete anuló otra imputación contra Zacarías Irún-McLeod presentada en febrero por un caso similar de desvío de fondos de la Comuna para propaganda política, por un perjuicio de G. 2.488 millones. La Magistrada alegó que la Fiscalía debía unificar las dos pesquisas en la acusación presentada el 29 de enero último. Garcete tiene un historial de fallos a favor del clan ZI. En diciembre del año pasado otorgó libertad ambulatoria al senador cartista y, luego, desestimó dos denuncias contra ZI por usurpar funciones de intendente cuando su esposa ocupaba el cargo.