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Armindo Torres, director de declaraciones juradas de la Contraloría, ratificó ayer que los documentos estarán disponibles a partir del miércoles en la página web del órgano contralor. “Estamos ultimando los detalles, estamos dando el toque final, hay mucho trabajo”, resaltó.
Explicó que alrededor de 20 funcionarios de la dependencia a su cargo se encargan de escanear las declaraciones, de las cuales también se tienen que borrar datos sensibles; números de cuentas, dirección, etc.
Hoy ya se tenían que publicar los documentos sobre el patrimonio de los empleados del Estado, pero se pospuso para el miércoles. Alegó que esto se debe a que los que trabajan en el escaneo no son funcionarios especializados en el tema, pero que gracias a un convenio con la entidad binacional Yacyretá, se logró que la misma pagara a una empresa especializada para que realice la tarea.
“Estamos trabajando sobre los que están en formato papel. Desde el 2014 al 2017 están digitalizados”, manifestó el director e insistió en que los funcionarios a su cargo trabajan hasta las 21 horas todos los días para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que habla de un plazo de 60 días.
Torres reveló que hasta ahora identificaron a 2.000 altos funcionarios y exaltos funcionarios, cuyas declaraciones van a ser publicadas. Entre ellas están los expresidentes de la República, ex vicepresidentes, exministros de Corte y algunos que continúan en el cargo, dijo.
Para identificar a más empleados, contó que enviaron pedidos de informes a 700 instituciones. “Por ejemplo, no tenemos individualizados a los que ocuparon cargos de asistentes fiscales o concejales municipales y para ello enviamos las solicitudes”, acotó el director.
La Contraloría tiene alrededor de 1.500.000 declaraciones juradas, atendiendo que hay funcionarios que la presentaron dos, tres y hasta cinco veces, debido a que fueron ocupando cargos en el Estado. De la cifra mencionada, durante la gestión de Camilo Benítez, se hizo el estudio de correspondencia de bienes de 100 funcionarios y 600 están en estudio.
El 11 de junio pasado, la Sala Constitucional ampliada con los 9 miembros de la Corte, confirmó mediante la sentencia Nº 111 los fallos de primer y segunda instancia que ordenaron a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicas. Fue a raíz de un amparo que promovió el periodista Juan Carlos Lezcano ante la negativa de la Contraloría de entregar los datos, durante la gestión del excontralor Enrique García.