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Desde cuestionados por haber ubicado a toda su familia en la función pública hasta denunciados por intento de homicidio o enriquecimiento ilícito figuran entre los casi veinte diputados que intentaron frenar la publicidad de las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
El 10 de junio pasado, diputados colorados y liberales llanistas presentaron ante la Corte una nota con la que pretendían, primero, recusar a todos los miembros de la Sala Constitucional ampliada y, segundo, tomar parte del proceso que debía definir si las declaraciones juradas eran o no públicas.
Entre los firmantes aparecen por ejemplo los diputados Rocío Abed y Justo Zacarías (esposos), investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Nazario Rojas (ANR) fue denunciado varias veces ante la Fiscalía hasta por intento de homicidio por parte de una expareja.
Hugo Ramírez, el diputado de Asunción, fue presidente de la Junta Municipal capitalina por años y fue en su administración cuando la cantidad de funcionarios de la institución se multiplicó y se reparó una camioneta a precio sobrefacturado, por lo cual se hizo una denuncia en la Fiscalía por lesión de confianza, en 2017.
Contraloría pide custodia
El Contralor Camilo Benítez solicitó al ministro del Interior, Euclides Acevedo, aumentar la dotación de policías a fin de custodiar la sede del organismo, donde están las fojas de declaraciones juradas de funcionarios públicos y que deben hacerse públicas según estableció la Corte Suprema.