Cargando...
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vuelve a estar en el foco de la atención porque se presta a las maniobras pidiendo informes de causas en las que ni siquiera hay imputaciones.
El fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, es el agente más recusado en las últimas semanas.
El mismo dirige sonados casos de corrupción como los de Ramón González Daher, de Édgar Melgarejo Ginard (extitular de la Dinac) y el de la empresaria prófuga Dalia López (que entregó las cédulas y pasaportes falsos a Ronaldinho Gaucho y su hermano).
En estas tres causas el agente fue recusado y finalmente confirmado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Sin embargo, el investigador tiene que lidiar ahora con denuncias ante el JEM, la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público y hasta una demanda civil.
El fiscal fue denunciado ante el Jurado por dos supuestos gestores de la empresaria Dalia López, además de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y demandado civilmente junto a sus colegas Marcelo Pecci, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán.
Los procesados exigen G. 500 millones de indemnización porque dicen que se los presentó ante la opinión pública como “culpables” desde el inicio de la investigación.
Legal también fue denunciado ante el JEM porque supuestamente “liberó” a Ramón González Daher (hermano del removido exsenador Óscar González Daher), y porque no investiga más hechos de usura.
Sobre el primer punto, el mismo estaba recusado cuando se hizo la audiencia de revocatoria de prisión y el juez Humberto Otazú excarceló a Ramón y su hijo por el transcurso de la pena mínima del hecho punible (6 meses) con prisión preventiva.
En cuanto a las nuevas denuncias, estas ni siquiera se agregaron a la causa principal donde sí hay dos casos concretos.
En el caso de Édgar Melgarejo Ginard, el fiscal Osmar Legal fue recusado casi al instante de la presentación de la imputación por el sonado caso de los “tapabocas de oro” y ahora está confirmado en el proceso.
El agente fue cuestionado por pedir prisión preventiva para todos los implicados, pero jueces de primera instancia solo dieron arrestos domiciliarios.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones le dio la razón y está pendiente de realización una nueva audiencia por falta de fundamentación del juez inferior para denegar la prisión solicitada al Ministerio Público.
Otro fiscal que fue recusado seguidamente en las última semanas es Marcelo Pecci, de la Unidad de Crimen Organizado.
El mismo fue recusado y denunciado también por los gestores de la prófuga empresaria Dalia López.
Asimismo, en el caso de Insumos Médicos SA y el ingreso de medicamentos sin controles y con facturas fraguadas, el empresario Justo Ferreira intentó apartarlo, pero Sandra Quiñónez lo confirmó junto a su colega Sussy Riquelme.
Cuando la disposición quedó firme, ambos agentes imputaron a la hija de Justo, Patricia Ferreira Pascottini, presidenta del directorio de Imedic, por el escándalo de los ingresos de medicamentos oncológicos y de terapia intensiva, sin controles, debido a que se hicieron con facturas truchas y guías aéreas también apócrifas.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez también fue recusado y denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el diputado colorado que está preso en la Agrupación Especializada, Miguel Cuevas, imputado por sospechas de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
La denuncia ante el JEM también alcanzó al juez penal de garantías Yoan Paul López, porque le denegó la excarcelación ya que se opuso a analizar una pericia introducida que beneficia a la defensa del legislador, por considerar esta que no es la etapa procesal para estudiar ese pedido.
La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión del parlamentario finalmente.
En todos los citados casos intervino el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, e inclusive el órgano llegó a pedir antecedentes de causas en las que ni siquiera hay imputaciones por lo que sus miembros quieren acceder a pruebas colectadas en etapa inicial. Para los investigadores, el órgano se vuelve a prestar a las maniobras extorsivas que quedaron al descubierto en los sonados casos de audios difundidos por ABC Cardinal, que le costó el cargo en el Jurado y la senaduría a Óscar González Daher, quien a su vez fue acusado penalmente.