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El agente fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, explicó en el programa Crimen y Castigo de ABC Tv que la pesquisa no alcanzará solo a las tres personas ya imputadas en el caso, sino que se direcciona también hacia funcionarios de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud (Dinavisa) y de Aduanas.
La vulnerabilidad de los controles posibilitó unas diez importaciones irregulares por valor de US$ 400.000 entre el 2017 y 2019.
El citado fiscal y su colega Sussy Riquelme imputaron por el momento a la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira Pascottini, hija del empresario Justo Ferreira, además de a Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma empresa, y a Néstor Domingo Ramírez Giménez, despachante de Aduanas. Contra ellos hay orden de detención y pedido de prisión preventiva debido a la sospecha de existencia de varios tipos penales y la gravedad de introducir medicamentos sin verificación.
A los implicados les atribuyen cuatro hechos punibles: 1) producción de documentos no auténticos, 2) uso de documentos no auténticos, 3) comercialización de medicamentos no autorizados y, 4) asociación criminal, porque de acuerdo a la pesquisa montaron un esquema delictivo para la introducción de medicamentos provenientes de la India y China, con facturas adulteradas y guías aéreas también falsas para lograr evitar los controles.
En cuanto a los controles, el fiscal Pecci manifestó en el programa de televisión que se valieron de aspectos administrativos que son propicios para que se eludan los controles. Por ejemplo, habló de la Ventanilla Única de Importación y en Dinavisa explicaron que no tienen acceso físico a las facturas utilizadas para la importación ilegal.
Asimismo, en Aduanas se pasa por canales (verde, naranja o rojo) y tampoco se coteja ahí la documentación presentada, en este caso por el despachante de Aduanas Ramírez Giménez.
En este punto, la compañía en cuestión adulteró cuatro facturas de la multinacional brasileña Eurofarma y se comprobaron otras seis más en idéntica situación. Es por este motivo que funcionarios de Dinavisa y de Aduanas están en la mira fiscal porque se debe corroborar si se cometieron otros hechos punibles.
“Veremos conductas activas u omisivas, dolosas o culposas, porque los sistemas que son en esencia malos son propicios para que las personas que quieran hacer pasar lo hagan y luego con la intervención de la Fiscalía ya no se puede retrotraer esta etapa”, dijo Pecci.
El agente fiscal, asimismo, expresó que esa trazabilidad se hará para llegar al destino de los medicamentos porque se cree que ingresaron al parque sanitario y pusieron en grave riesgo de salud a los ciudadanos.
Orden de detención
La orden de aprehensión de los tres imputados mencionados se justifica desde el momento en que se introdujeron al país por lo menos en diez ocasiones, medicamentos que no reunen los requisitos de control y seguridad para pacientes oncológicos, o con problemas de documentación, refirió el fiscal Marcelo Pecci al justificar la disposición de captura en este caso.
Indicó que es grave el hecho que se les atribuye, por lo cual emitió la orden de detención.
Pecci se refirió concretamente respecto a la introducción al país de principios activos medicinales, que habrían sido negociados y distribuidos peligrosamente en el mercado local fuera de las reglas establecidas.
Ya en la imputación, los agentes del Ministerio Público indicaron que la orden de detención y el pedido de prisión tiene que ver con el concurso de hechos punibles, pero más que nada con la gravedad de las conductas desplegadas, debido a que los hechos particulares del caso hacen que sea grave, ya que es contra la salud, porque esos medicamentos fueron ingresados desde el 2017 al parque sanitario.
La denuncia de este caso fue presentada ante la fiscalía por el abogado José Domingo Almada, en representación de Eurofarma. Los dos fiscales fueron recusados pero confirmados por la fiscalía general.
Los ilícitos eran reiterados, dicen
Según el acta de imputación presentada, los involucrados en el caso “habrían dispuesto de la infraestructura societaria, aunque sea parcialmente, para organizarla de tal modo a realizar reiteradas ilicitudes basadas principalmente en la falsedad documental inherente a operaciones de comercio exterior con impacto en las relaciones jurídicas nacionales, con vulneración del sistema aduanero y de los controles sanitarios ejercido por el Ministerio de Salud, específicamente respecto a la introducción al país de principios activos medicinales”.