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El juez penal de Garantías Julián López admitió ayer la imputación presentada por el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz y convocó a la líder de los ciudadanos autoconvocados de la Comisión Escrache para el lunes 22, a las 9:30, para la audiencia de imposición de medidas.
La causa fue abierta por hechos punibles en violación a la Ley 716/96 que sanciona delitos contra el medioambiente en concordancia con el Decreto N° 3619/20 del Ejecutivo, que prohíbe la aglomeración de personas a fin de evitar la propagación del covid-19 en el país.
El hecho habría ocurrido en el marco de la caravana contra la corrupción, realizada el pasado miércoles 3 de junio, en protesta contra todos los casos de irregularidades en el manejo del dinero público, con la excusa del combate al virus.
Si bien la caravana de protesta arrancó en la zona de la Costanera y, en ese momento, los participantes se encontraban en sus vehículos, el acto de protesta concluyó en una aglomeración cuando estas personas decidieron bajarse frente al Panteón de los Héroes.
Ante la crítica en algunos medios de comunicación y redes sociales contra la “irresponsabilidad” de los cabecillas de la manifestación, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz convocó a la activista y otros integrantes de la comisión para una indagatoria.
La diligencia se llevó a cabo el martes en horas de la mañana y, posteriormente, el fiscal presentó la imputación contra María Esther Roa y solicitó al Juzgado medidas alternativas a la prisión para la ahora procesada por presunta violación de la cuarentena sanitaria.
Los demás organizadores calificaron la imputación de la activista como una criminalización de la protesta.
Por su parte, Roa afirmó que se trata de una imputación “selectiva y direccionada por la clase política”, ya que en cuestión de días fue convocada por la Fiscalía para la declaración indagatoria y en menos de cinco horas ya la imputaron.
“No existen elementos contundentes que sostengan la violación de la cuarentena sanitaria. En todo momento estuve con mi tapabocas, usé alcohol en gel y respeté la distancia establecida en el protocolo”, señaló.
La escrachadora aseguró además que su imputación “es una forma de silenciar las voces” y consideró que se busca restringirle la libertad y prohibirle estar con sus compañeros de la Comisión Escrache, ya que ellos vienen denunciando los hechos de corrupción en las instituciones del Estado e impulsando la destitución de varias autoridades públicas.
Agregó que en este caso, el Ministerio Público tomó intervención porque “las autoridades tienen temor del despertar ciudadano, que ya no permitirá hechos de corrupción, menos en medio de una crisis sanitaria”.
Otro activista postergó declaración
El fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz había citado también para el martes pasado al activista Cándido Alberto Brizuela, más conocido como “Juan Pueblo”, pero la diligencia se postergó por pedido de la defensa, que solicitó copia de la carpeta fiscal.
Ante la convocatoria del agente fiscal, los integrantes de la Comisión Escrache habían anunciado que aceptarían la imputación solo si la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, renuncia al cargo.
Al respecto, María Esther Roa manifestó que “si la titular del Ministerio Público era manejada antes por Horacio Cartes, ahora es dirigida por el movimiento Colorado Añetete y el equipo del senador por el PLRA, Blas Llano”.