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Según el agente fiscal, tanto el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como Pascual Benítez y Luis Moriz, administradores de su campaña electoral en Alto Paraná, al rendir cuentas ante la Justicia Electoral habrían cometido los delitos de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido apócrifo. Por eso solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los citados.
Conforme a la imputación, la denuncia de Silvio Concepción Martínez, propietario de la Estación de Servicios Catedral de Ciudad del Este, fue quien reveló que participó de una reunión comercial con políticos donde le consultaron sobre unos documentos contables y que los mismos le comentaron que su empresa figuraba como proveedora de combustible por G. 98 millones.
Luego, el escrito dice: “Al contrastar las facturas emitidas con los originales, el propietario verificó que dicha factura era sobre una transacción de compra de combustible por 100.000 guaraníes y a nombre de otra persona, por lo que se percató de que aparentemente utilizaron sus facturas para -hacer- figurar la compra para la entidad política PLRA falseando además los montos descriptos”.
Efraín Alegre convocó ayer de siesta una conferencia de prensa y, acompañado de su abogado Guillermo Duarte Cacavelos, manifestó que la denuncia es un operativo en su contra.
“Es un operativo de la mafia que cree que me van a callar con este tipo de acciones judiciales, porque hace años que quieren y no encuentran”, dijo.
Expresó que no puede ser responsable de las 5.000 facturas presentadas como parte de la rendición de cuentas de los administradores del interior del país. Señaló que las facturas fueron aceptadas por el Ministerio de Hacienda a través del sistema Marangatú y que todo estaba correcto. También indicó que las facturas fueron verificadas y aceptadas por la Justicia Electoral.
Finalmente, desafió a la ANR a rendir de forma pública su administración de fondos: “A ver si se anima a mostrar sus documentos”.
Duarte manifestó que resulta llamativa la imputación efectuada por Sánchez y que su solicitud tiene apenas dos líneas de texto. Agregó que el caso estaba a punto de ser derivado a la fiscala Natalia Fúster y que el fiscal Sánchez a las apuradas realizó la imputación.
Hablan de G. 10.000 millones
El senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) denunció en sus redes la existencia de facturas dudosas. Una factura que en una estación de servicio figuraba por G. 100.000, fue transformada en G. 98.000.000. En el 2017 se pagó a Auditores y Consultores Independientes Asociados un anticipo de G. 25 millones y no concluyó el trabajo. Luego aparecieron más casos y el total de las facturas falsificadas alcanzaría G. 10.000 millones.