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Por 58 votos de cartistas, abdistas, llanistas y de algunos liberales efrainistas e independientes fue rechazado y derivado al archivo el proyecto de resolución que formula acusación ante la Cámara de Senadores (ver infografía).
Mientras que 18 diputados liberales efrainistas e independientes, además de legisladores de Patria Querida, Encuentro Nacional y Partido Hagamos votaron por aprobar el pedido de juicio político contra Quiñónez.
El diputado Édgar Acosta (PLRA) defendió cada una de las 11 causales de mal desempeño de funciones en contra de la fiscala. Citó el caso del empresario Karim Salum, la denuncia de la Fiscalía al exjuez Alberto Martínez en el caso Curuguaty, además de la supuesta corrupción con el metrobús
y el asesinato de Rodrigo Quintana (1 de abril de 2017). Acosta afirmó que si bien la fiscala podrá tener un acuerdo con los políticos, pero considera que la misma está divorciada de la ciudadanía. Cuestionó la imputación selectiva de Quiñónez al imputar a 6.000 ciudadanos y perdonar a un poderoso empresario (vinculado al cartismo).
El primer defensor de la fiscala fue el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR, Añetete), blanqueado por contrabando de artículos electrónicos. Elogió la gestión de Quiñónez y desacreditó las causales del juicio político.
Mencionó que han pasado momentos muy difíciles porque dos de sus colegas “inocentes” están presos pero que le quieren dar su voto de confianza. Dijo en alusión al diputado preso Miguel Cuevas (ANR, Añetete), imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y al diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete), acusado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.
El líder de la bancada cartista Basilio “Bachi” Núñez exhibió un video en el que dijo refutar la acusación de mal desempeño de funciones en contra de la fiscala en el caso Salum y la denuncia al juez Martínez, alegando que tenía competencias para ello. Omitió referirse al caso Quintana y metrobús.
El diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) dijo que los impulsores del juicio político no pudieron adjuntar una prueba de la supuesta llamada que hizo la fiscala al asesor internacional Federico González para que Salum no sea enviado a un albergue, a su regreso de EE.UU.
Sobre este punto, Acosta denunció que el martes último Diputados recién envió a González el pedido de informes aprobado por el pleno hace 15 días. El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) criticó también a la fiscala.