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La primera causal de enjuiciamiento es sobre la aparente mediación de la fiscala general Santa Quiñónez para que el empresario Karim Salum, ligado al cartismo, no acuda al albergue tras su llegada de los Estados Unidos de América, como sí lo hizo el resto de la delegación.
Para este caso consideran que ha existido una clara violación de derechos fundamentales y normas constitucionales, quebrantando la confianza hacia su persona. Señalan que atentó contra la vida de las personas, el principio de igualdad y el derecho a la salud consagrados en los artículos 4, 46, 47 y 68 de la Constitución.
También manifiestan que incurrió en mal desempeño de funciones porque no cumplió sus obligaciones constitucionales de representar a la sociedad, pues favoreció ilegalmente a un ciudadano.
En el libelo acusatorio se menciona el caso Curuguaty. Señalan que Quiñónez ha sido protagonista de un enorme perjuicio institucional para distraer la atención de la pésima gestión que tuviera la fiscalía en el caso Curuguaty; se ha elevado una acusación contra la misma, invocando el artículo 225 de la Constitución Nacional.
Critican que la titular del Ministerio Público haya materializado una denuncia inconstitucional contra el exmagistrado Arnaldo Martínez Prieto, atentando contra la independencia judicial.
Mencionan que han transcurrido casi dos años de la paralización de las obras del Metrobús y que no se han verificado indicios que conduzcan a sostener el interés de la Fiscalía por aclarar el caso, investigar y acusar a los responsables por el fracaso de la emblemática obra. Cuestionan que la denuncia no se haya remitido a la Unidad Anticorrupción y siga en una unidad barrial. Se menciona además el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, que nunca fue esclarecido.
El diputado Acosta (PLRA) afirma que Quiñónez perdió la confianza de la ciudadanía al imputar de forma selectiva. Agrega que en la Cámara Baja durante el tratamiento se verá quiénes le ratifican la confianza y quiénes creen que la perdió. “Para nosotros ya no debería estar al frente del Ministerio Público porque perdió objetividad”, añade.
Darán entrada al libelo acusatorio
La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria de mañana, prevista para las 08:30, dará entrada al pedido de juicio político requerido en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Para que la Cámara Baja pueda acusar se requerirá mayoría absoluta de dos tercios; es decir 53 de 80 votos. De aprobarse quedará en manos de la Cámara de Senadores expulsarlo o no con 30 votos como mínimo. Existen pocas posibilidades de que el juicio político pueda ser acompañado. El cartismo ya dio su respaldo a la fiscala antes de formalizar el pedido.