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El Ministerio de Salud Pública, a través de su regente, informó ayer a los representantes de las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA (Imedic) el rechazo del 100% de los insumos que las empresas de Justo Ferreira debían proveer a la cartera estatal en el marco de la emergencia sanitaria.
La información fue confirmada a ABC por el abogado de las empresas, Andrés Casati.
Nuevos incumplimientos contractuales
De acuerdo a versiones a las que tuvo acceso nuestro diario, el rechazo de los insumos se dio por recomendación de la Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC), encabezada por Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El argumento es que los insumos no cumplirían con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones de la licitación en la que fueron adjudicadas ambas firmas.
Falta de uniformidad en las mascarillas N95 y supuestas carencias documentales en las máscaras de protección facial habrían sido parte de los motivos por los cuales se rechazó la totalidad del cargamento.
Otro revés para Ferreira
El rechazo de la totalidad de insumos entregados es un nuevo revés para las empresas de Ferreira.
El Ministerio de Salud ya había rechazado por incumplimientos técnicos la primera parte de los equipos que llegó desde Hong Kong, China, en abril pasado.
Entre los equipos rechazados figuraban 50 camas hospitalarias que la firma intentó reemplazar con camas para terapia intensiva, que fueron igualmente rechazadas por Salud Pública.
De hecho, el ministerio encabezado por Julio Mazzoleni ya había iniciado el proceso de rescisión del contrato firmado a las apuradas con Eurotec e Imedic.
Debería ser procesado
El nuevo incumplimiento contractual por parte de Eurotec e Imedic debería representar un proceso penal para Justo Ferreira y sus socios. Si bien el Ministerio Público ya había anunciado la apertura de una carpeta fiscal, Salud Pública no presentó hasta el momento denuncia penal alguna.
La Contraloría General de la República también ya había anunciado la detección de numerosas irregularidades en el proceso de licitación.