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La hipótesis delictiva planteada por el Ministerio Público en el caso de los tapabocas consiste en la existencia de un esquema delictivo para la comisión de un fraude en perjuicio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Las evidencias obtenidas, según la imputación fiscal, sugieren que el esquema delictivo se habría diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y de esa manera encubrir la participación del o los beneficiarios reales de las ganancias ilícitas.
Para comprender mejor el alcance e implicancia de esta hipótesis, refiere la imputación, es importante traer a colación algunas cuestiones que hacen a las tipologías de actos de corrupción utilizadas en el sector público.
Una de las tipologías identificadas en hechos de corrupción pública, ya sea para desviar fondos públicos o encubrir coimas, entre otras situaciones, ha sido el uso de estructuras legales para ocultar los activos robados. Es decir, el uso de corporaciones, sociedades pantallas, etc.; llamadas también vehículos corporativos, enfatiza el documento que fue firmado por los fiscales Osmar Legal, Federico Delfino y Alicia Sapriza.
En el caso de la adquisición de las mascarillas por la Dinac de la empresa Proyectos Global SA, consistiría en que funcionarios infieles habrían utilizado como mecanismo para desviar indebidamente fondos públicos la figural legal de la compra de bienes en virtud de las normativas dispuestas en materia de Contrataciones Públicas y acordes a las nuevas directrices dictadas por el Gobierno ante las medidas sanitarias impuestas en el marco de mitigación a la propagación del covid-19, en todo el territorio nacional.
Para posibilitar este esquema, a través del cual se desviaron los fondos públicos, se habría utilizado a la empresa proyectos Global SA, que –de antemano– a través de sus accionistas, habría tenido conocimiento acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que requeriría la Dinac y de esa manera completar el circuito del fraude.
Mediante esta compra que hizo la Dinac se habría posibilitado desviar los fondos públicos, utilizando la figura legal de la compra directa de mascarillas por vía de la excepción, simulando el cumplimiento de todos los trámites administrativos para realizar el llamado correspondiente, cumpliendo con los procesos básicos en materia de contrataciones públicas y de esa forma justificar la adjudicación a la empresa Proyectos Global SA, como supuesto proveedor de las mascarillas requeridas por la Dinac.
Lo que se pagó
En el marco de ese contrato, la Dinac abonó de su patrimonio la suma de G. 119.500.000, menos los descuentos legales correspondientes. Sin embargo, habría recibido como contraprestación la cantidad de 4.000 mascarillas por un valor no equivalente a la suma abonada. Es decir, se habría ingresado al patrimonio de la Dinac mascarillas que tienen un valor en el mercado mucho menor al valor abonado por la institución y con lo cual se le ocasionó un perjuicio en su patrimonio.
Es más, dentro de ese esquema se advirtió, conforme a las evidencias con las que cuenta la fiscalía, que las cajas que contenían las mascarillas y las cuales fueron entregadas por Proyectos Global SA, no coinciden con las características requeridas en el pliego de bases y condiciones del llamado. Así también, se vio que figuran en las cajas que las fechas de vencimiento de las mascarillas datan del mes de setiembre de 2019. Es decir, que están vencidas, lo cual también hace presumir que el valor en el mercado de las mismas, al estar vencidas, jamás podrían tener el mismo costo que la Dinac pagó por ellas.
Estructura delictiva
Los elementos probatorios, según la imputación, permiten inferir de manera razonable la existencia de una estructura delictiva, en cuyo esquema y para el cumplimiento de su propósito, cada uno de los hoy imputados ha tenido una participación concreta que ha posibilitado el cumplimiento de su finalidad.
En este proceso de encubrimiento de la operativa real a través del uso de figuras legales se ha podido identificar, mediante elementos suficientes de sospecha, que dentro del proceso administrativo para la contratación pública con la empresa se han elaborado documentos que presumiblemente contienen ideas que no se corresponden con la realidad, dice la imputación.
Por ejemplo, en el acta del Comité de Evaluación se tiene que el mismo fue diseñado de una manera tal que formalmente parecería que dicho Comité habría cumplido con su función de evaluar y analizar la oferta de la empresa Proyectos Global SA, y que esta supuestamente cumplía con los requisitos legales y sustanciales contenidos en el PBC; sin embargo, al comparar la oferta de la citada firma con lo requerimientos establecidos en el PBC se denota que algunas de las afirmaciones sostenidas por el Comité de Evaluación para recomendar la adjudicación de Global, no condicen con la realidad.
Es más, las mascarillas incautadas por el Ministerio Público y las cuales fueron adquiridas por la Dinac de Global no coinciden con el tipo y características del producto solicitado por la Dinac en el PBC.
Todas estas irregularidades administrativas permiten inferir que todo fue diseñado con el fin de aparentar documental y administrativamente que todo el proceso de compra y justificación de adjudicación a la dicha firma se realizó en cumplimiento a las exigencias legales, cuando solo habría sido un montaje para encubrir, a través de esa figura legal, el desvío de fondos públicos y causar un perjuicio patrimonial a la Dinac, afirman los fiscales.
Toda la situación descripta más arriba corresponde al tipo penal de lesión de confianza, refiere la imputación del Ministerio Público, que señala que el perjuicio causado a la Dinac fue de G. 59.960.000, refiere el documento presentado ante la justicia y que dio pie al procesamiento del extitular de la Dinac, Edgar Melgarejo.
Más imputados
Además fueron imputados por el Ministerio Público Juan Carlos Turitich, exgerente financiero de la Dinac; Marcelo Rubén Ovelar González, exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones; Luz María Chamorro Báez, ex gerente administrativa, y Fernando Gallardo de Brix, exadministrador del aeropuerto Silvio Pettirossi. Para todos ellos la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero fueron favorecidos con la reclusión domiciliaria.
Katherina Pamela Toñánez y Carlos Vargas Franco, de Proyectos Global, están con orden de detención dictada por los fiscales.