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Mucho antes que saltara el escándalo por los varios hechos de corrupción que salpicaron los procesos de compra de insumos de instituciones públicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, altos mandos del Gobierno fueron alertados sobre las irregularidades.
Una de las primeras en enterarse de las anormalidades en la compra de insumos realizadas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), bajo
la administración de Édgar Melgarejo Ginard, fue la mismísima asesora jurídica de la Presidencia de la República, Mónica Seifart.
La que buscó a Pidal
Seifart fue la primera alta funcionaria del Estado en tener contacto con el empresario Ignacio Pidal, un paraguayo propietario de empresas en China y que fue quien reveló la sobrefacturación en la compra de tapabocas por parte de la Dinac. Seifart está casada con Santiago Martínez Vierci, quien era amigo de Pidal. De hecho, la hermana de Pidal está casada con uno de los primos del esposo de la asesora jurídica. Mensajes intercambiados entre Seifart y Pidal revelan que fue la alta funcionaria quien derivó al empresario con el extitular de la Dinac, Édgar Melgarejo.
El empresario aseguró a ABC que cuando detectó la posible sobrefacturación en la compra de insumos, alertó a Seifart. A pesar de ese aviso, el Gobierno nada hizo para cortar los procesos de adquisición con dinero público. De hecho, la Dinac llegó a realizar pagos por los tapabocas.
“No fue por escrito”
Seifart decidió llamarse a silencio a pesar de los numerosos intentos de entrevista para conocer su versión. Ayer, nuevamente, la asesora jurídica de la Presidencia de la República no respondió ni llamadas ni mensajes de texto. La única versión que dio al respecto de las denuncias de Pidal fue vía perfil en la red social Twitter. “El ciudadano Ignacio Pidal se comunicó con mi persona solicitando información si Paraguay traería insumos a través de algún carguero. Le comuniqué que desconocía del tema y sugerí comunicarse con el expresidente de la DINAC”, escribió Seifart.
Reconoció que un par de días más tarde, Pidal le llamó para quejarse. “Días después, el señor Pidal se comunica a altas horas de la noche queriendo hablar sobre el mismo tema, de su interés comercial, y le sugerí que tome contacto con las autoridades de salud quienes llevan adelante los procesos de compra e insumos. Y en caso de alguna queja, tras-
ladarla a los organismos competentes, con la documentación debida. No recibí ninguna otra comunicación por escrito de este ciudadano por la que no consideré relevante informarle a ninguna autoridad, incluyendo al Presidente” (sic), agregó.
Seifart reconoció en sus tuits que fue alertada o que al menos recibió “una queja”, sin embargo, se escuda en que no fue por escrito. Pero la Ley 1626 de la Función Pública establece que es obligación de cualquier funcionario público “denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo”.
Siendo abogada, Seifart no podría alegar desconocimiento de la ley. Y esta obligación debería ser incluso mayor para quienes forman parte del grupo de funcionarios de mayor confianza del Presidente de la República.