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El diputado Acosta anunció que el libelo contra Quiñónez será puesto a consideración de todas las bancadas partidarias de la Cámara Baja para que agreguen causales de enjuiciamiento contra la fiscala general. La presentación se realizará la próxima semana (Cuadro).
El liberal acusa a Quiñónez de mal desempeño en sus funciones y afirma que los hechos señalados le atribuyen una clara violación de derechos fundamentales y normas constitucionales.
Uso del cargo para favorecer
La primera causal de mal desempeño del libelo señala el procedimiento en la llegada de connacionales al país el 22 de abril del 2020 procedente de los Estados Unidos de América.
Menciona que la fiscala general ha cometido un grosero escándalo tras haber utilizado “indebidamente su cargo, extralimitándose en sus funciones para favorecer intereses particulares”.
Se anexan en el libelo la declaración del ministro asesor del Ejecutivo, Federico González, quien dijo que la propia fiscala general presentó la constancia médica del Dr. Osvaldo Tenace. Dicho documento posteriormente fue remitido al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y al Consejo de Defensa Nacional para que se le exonere al empresario Karim Salum de guardar la cuarentena en un refugio establecido.
Considera que Quiñónez violó el artículo 46 y 47 de la Constitución Nacional al favorecer a Salum. A este último Acosta señala como un conocido empresario ligado al grupo Cartes y “jefe de una dama muy amiga de la Sra. Quiñónez”. También citan a la fiscal Teresa Sosa y su presencia premeditada ya que el Ministerio Público nunca actuó así en otros vuelos.
Atentó contra la ciudadanía
La segunda causal de mal desempeño, atentar contra el derecho a la vida de las personas consagrado en el artículo 4° de la Constitución. Señala que arriesgó la vida de miles de personas ya que Salum incumplió incluso la cuarentena impuesta para su domicilio.
Otras causas
También se le acusa de cometer delitos como el tráfico de influencias; de atentar contra la independencia de los poderes (su denuncia al exjuez Arnaldo Martínez en el caso Curuguaty).
Asimismo, el caso Metrobús (daño de US$ 30 millones) y que solo el suboficial de Policía Gustavo Florentín está procesado por el asesinato de Rodrigo Quintana, tras un atraco el 1 de abril de 2017 a la sede del PLRA.