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El titular del Congreso, el senador Blas Llano (PLRA), anuló la cobertura del seguro médico vip a los 45 senadores y 18 Parlamentarios del Mercosur para el periodo 2020-2021. Llano justificó la decisión ante el estudio del proyecto de ley que elimina privilegios a autoridades electas y altos cargos para destinar a la lucha contra la pandemia covid-19.
Este cuestionado seguro médico Vip fue contratado en abril de 2019, durante la gestión del senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Añetete) por G. 8.934 millones. El dinero es pagado con recursos del Estado a la firma de medicina prepaga Santa Clara SA, cuya presidenta es Helen Harrison y su apoderada es Teresa Casanova. Los legisladores no tuvieron descuentos salariales por este privilegio y solo algunos renunciaron al mismo. Según el contrato, la firma daría coberturas especiales en tres categorías. En la punta de la pirámide estaban los legisladores miembros del Senado y del Parlamento del Mercosur con el pago global de G. 756 millones (que ya no se abonará); en segundo lugar hasta 578 funcionarios “permanentes” por G. 6.936 millones y en tercera categoría hasta 207 “contratados” por un monto de G. 1.242 millones.
Aunque le retiren el beneficio a los legisladores, el grupo de funcionarios administrativos seguirían accediendo al seguro médico.
Según la planilla unitaria del contrato, la cobertura de cada senador o parlasuriano era de G. 1.000.000 al mes, dinero que no salía del bolsillo del parlamentario ya que era pagado por el Estado. Siempre según el contrato filtrado ayer, el legislador tenía también asegurado a su cónyuge y a sus hijos de hasta 20 años de edad.
En caso de ser soltero, cubría a los hijos y a los padres hasta los 70 años de edad. En caso que un progenitor pase la edad el Estado cubría G. 500.000 extra. Los legisladores también podían beneficiar a adherentes por una escala de edad. Hasta los 30 años el costo era de G. 350.000. El contrato daba una amplia gama de cobertura médica, medicina preventiva, estudio de imágenes entre otros. También cubría la terapia intensiva hasta por G. 35 millones y por 15 días. Otros beneficios eran visitas domiciliarias e incluso un “seguro viajero”.
Involucra a 1.494 altos cargos
El 15 y 17 de abril último, el Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones excesivas e innecesarias. La propuesta también desautoriza que el funcionario público gane más que el Presidente de la República, cuyo salario es de G. 37 millones. Incluye a las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá.
Según uno de los principales proyectistas, el senador Sergio Godoy (ANR, cartista), la ley afectará a 1.494 funcionarios, entre ellos el Presidente, ministros, rectores, comisarios, ministros de Corte y fiscales, entre muchos otros. Señala que solo en el ahorro de contratación de seguros médicos el monto llega a los G. 24.934 millones.